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Los vecinos del Castillo, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, continúan con sus protestas contra la construcción de la macrocárcel. El último capítulo se escenificó ayer, cuando el Consejo de vecinos denunció la pretensión de la Delegación del Gobierno en Canarias de prohibirles concentrarse en la finca de los Llanos de Juan Grande donde se pretenden realizar las obras de la macrocárcel "porque se realizan en un terreno privado", según informaron en una nota.

Este colectivo remitió un escrito a la Subdelegación de Gobierno para informar de que iban a seguir concentrándose diariamente de 7 a 20 horas con el objetivo de hacer guardias para que no se produzca ninguna "ilegalidad" puesto que la Delegación estaba imponiendo sanciones a los vecinos por estar realizando concentraciones ilegales de más de 20 personas en espacios públicos.

El Consejo se pregunta cómo es posible que para imponer sanciones se consideren espacios públicos y para denegar la autorización de manifestaciones se considere privado y anuncia que presentará las correspondientes alegaciones a esta resolución, "a todas luces ilegal", y que pretende, según mantienen, atentar contra el legítimo derecho del colectivo a manifestarse pacíficamente.

Lo cierto es que ya son cuatro las veces que la Asociación ha paralizado el comienzo de las obras, al considerarlas ilegales y una "agresión" contra el bienestar de la comunidad, "que en ningún momento ha sido requerida para dar su opinión sobre la edificación de la macrocárcel".