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La subida del precio de los carburantes y las protestas de los transportistas ha sacado también a la luz la mala situación que vive el colectivo de los profesionales del taxi.

Así lo mantiene el presidente de la Unión de Trabajadores del Taxi de Santa Cruz, Marcial Mesa. Para él, la situación de todo el colectivo es «crítica», ante el aumento del 30 por ciento del precio del gasoil en el último año, «un incremento que nadie en el sector puede asumir». A esto, se le une que las tarifas que tiene el colectivo son las más bajas del Estado, algo que a su juicio «deberá ser corregido» en la próxima reunión que mantendrán con la Comisión de Precios, fijada para el mes de noviembre.

En la isla de Tenerife existen 2.600 taxis, a lo que se añade que el 50 por ciento de los mismos tiene asalariados, lo que deja el número de profesionales del sector en cerca de 4.000, «sin contar los puestos de trabajo que se generan indirectamente», señala Mesa.

Otro desafío específico del taxista de Santa Cruz, «y por extensión de toda el área metropolitana», es la puesta en marcha del tranvía. Este nuevo medio público que ha revolucionado el sistema de transportes con más de 12 millones de pasajeros en su primer año de vida, «ha rebajado notablemente la clientela».

El tranvía y sus obras de acomodación a la vía pública han reducido los carriles de muchas arterias de la capital: «un ejemplo claro es la Rambla Pulido, que antes contaba con tres carriles y ahora únicamente tiene uno, que siempre está colapsado».

Esto ha originado que las calles de la capital presenten mayor aglomeración de vehículos particulares, «algo en lo que el Ayuntamiento de la ciudad debería trabajar», remarca Mesa. De esta manera, comenta que su organización ya ha solicitado a la Corporación que habilite carriles específicos para los taxis, «que son también un servicio público y requiere, al igual que las guaguas de vías específicas de circulación». Gracias a ello, los trayectos podrían ser «más rápidos y efectivos» y la clientela se «animaría» a volver a hacer uso de sus servicios.

Según Mesa, es «normal» que una persona antes de coger un taxi se plantee que hay un coste adicional que le supondrá permanecer «atrapado» en colas y embotellamientos, pero propone una solución novedosa. Limitar el número de coches privados que circulan por las ciudades. «En Londres se aplica desde hace años esta medida y ha supuesto no sólo la descongestión de sus calles, sino también la mejora de la calidad de vida de todos sus ciudadanos», con menos estrés y menos contaminación atmosférica gracias a la reducción de las emisiones que los vehículos lanzan a la atmósfera.

El presidente de la Unión de Trabajadores del Taxi valoró «positivamente» la actitud del consejero de Economía del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, que la pasada semana se reunió con representantes del colectivo.

En dicha reunión, el también vicepresidente del Ejecutivo prometió unas ayudas al sector que se basan en la rebaja de cuatro céntimos por litro de gasolina para estos profesionales, a lo que sumó la promesa del Gobierno central de rebajar el pago del seguro del automóvil en un 75 por ciento.

Sin embargo, dio la razón al consejero cuando este explicó que el problema no tenía fácil solución, «ya que el Gobierno canario no puede controlar la subida del Euribor ni tampoco el incremento en el precio del petróleo», que hacen que la crisis económica sea a nivel internacional. Además, reflejó que el propio Soria explicó que este año la Hacienda canaria se prepara para recaudar cerca de 500 millones de euros menos, «algo que no invita al optimismo», subrayó.

Todos estos problemas hacen que muchos taxistas empiecen a abandonar la profesión. «Algo lógico, porque nuestros ingresos han bajado un 30 por ciento en los últimos años», lo que origina que los profesionales se vean obligados a aumentar sus jornadas laborales, «hasta las 14 horas diarias», que resulta «inaguantable».

El descenso de los ingresos, el seguro de autónomo, las letras del coche y en muchos casos el pago de una hipoteca, hacen que el sector esté en los últimos diez o doce meses en una situación «crítica», sentencia Mesa.