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La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha dado la razón a la Delegación del Gobierno en Canarias, al desestimar, ayer, el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Consejo Abierto de Vecinos de Castillo del Romeral contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias respecto de 17 de julio de 2008.

El Consejo de Vecinos comunicó la intención de realizar una serie de concentraciones en la parcela donde se realizarán las obras para la construcción del Centro Penitenciario. Ante esta comunicación, la Delegación del Gobierno contestó a los vecinos que tal pretensión no era posible por ser, la parcela en cuestión, de uso privativo y no un lugar de tránsito público como contempla la normativa aplicable a la realización de obras públicas, por lo que requirió a los vecinos para que propusiesen otro lugar alternativo donde concentrarse y protestar.

Según la sentencia, queda demostrado que la respuesta dada por la Delegación del Gobierno en Canarias no supuso limitación alguna al ejercicio del derecho de concentración o manifestación ciudadana, ya que sólo requirió la designación de un nuevo lugar de celebración para la concentración que fuera de transito público, tal y como exige el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/83, desestimando el lugar elegido por los manifestantes ya que era de uso privativo.

Por tanto, la Delegación del Gobierno, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no vulneró en ningún momento el derecho fundamental a manifestarse de los ciudadanos, sino que recondujo su solicitud al ejercicio del derecho conforme a la Constitución Española.