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El diputado popular Manuel Fernández reclamó que el Gobierno "ha de cumplir con lo acordado en el Congreso", que aprobó una proposición no de ley para desarrollar las líneas ferroviarias de Tenerife en 2005, y que contó con la oposición socialista. En este sentido, Fernández reprochó que el PSOE hubiera paralizado todos los planes de ejecución de la obra, ya presupuestada en 2001 por el Gobierno de José María Aznar. Además, indicó que el motor económico de Tenerife está en el sur, "por lo que son necesarios mecanismos de descongestión de las autopistas, que agilicen las conexiones".

Fernández recordó que el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos ya había dispuesto una dotación económica para desarrollar los planes de ejecución de las obras en Tenerife, con unas anualidades de 320.000 euros para el periodo 2002/03/04.

Por su parte, la diputada nacionalista María del Mar Julios mantuvo que también Gran Canaria necesitaba, "con urgencia", un tren que una Las Palmas con la comarca norte y el sur de la isla. Julios insistió en que en el año 2004 los presupuestos generales del Estado "ya habían establecido una partida de 500.000 euros para los estudios de viabilidad del proyecto", pero fueron retirados por el Ejecutivo. La diputada también solicitó un convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria, y los gobiernos central y canario para dotar al proyecto de medios económicos para su "futura ejecución".

Por el contrario, el diputado socialista Julio Cruz criticó la propuesta, al considerarla "poco rigurosa", señaló que el Gobierno central había sido el único que había apostado por proyectos ferroviarios para las Islas, y puso como ejemplo el tranvía de Tenerife, que recibe 10 millones de euros anuales de subvención.

Además, Cruz mantuvo que las competencias ferroviarias corresponden a la Comunidad Autónoma, e indicó que la misma ley de directrices establece en materia de transporte un plan territorial especial, además de un plan de viabilidad, que no se había presentado, y acusó al Gobierno de Canarias de "no gestionar con eficacia" los recursos.

El grupo socialista presentó también una enmienda a la proposición no de ley, en la que instaba a que fueran los cabildos insulares los que procedan a elaborar los estudios de viabilidad y los proyectos de ejecución necesarios. "Sólo a partir de aquí el Gobierno central podrá sentarse a negociar", manifestó Cruz. La propuesta, rechazada por el PP y CC, fue calificada por los portavoces de ambos grupos como "irreal y desmedida", pues recordaron que es el Gobierno el que ha de tener la iniciativa.