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La nueva etapa de diálogo y trabajo conjunto de la que se jacta el Gobierno de Canarias desde que Paulino Rivero fuera recibido por José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa a principios de mes, se topó ayer con la cruda realidad. "El Gobierno central no oculta que existen diferencias importantes y difíciles de superar", respondió la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, cuando fue cuestionada ayer sobre la posibilidad de que el Estado reconozca la Policía Autonómica concebida por Coalición Canaria y el Partido Popular.

La ministra, que volvía a visitar las Islas por segunda vez desde que diera comienzo la legislatura, recordó que las diferencias suscitadas en torno a la creación del Cuerpo no son exclusivamente de índole económica. Además de la financiación, el Gobierno socialista debe estudiar si la Ley de Creación se ajusta al Estatuto autonómico y a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como ya se había advertido desde el momento del parto en Teobaldo Power, la Policía Canaria se topará de lleno con el Tribunal Constitucional (TC). Salgado añadió que ese mismo argumento arguyó el Gobierno de Canarias en tiempos de guerra, y puso como ejemplo a las leyes estatales sobre el gas, la electricidad, o los Presupuestos Generales de 2008, que el Ejecutivo regional consideró inconstitucionales. No obstante, Salgado esperó que se acerquen posturas en la reunión que mantendrá José Miguel Ruano con el Ministerio del Interior. Una cita que "aunque existan diferencias no impedirá la consecución de acuerdos".

La cumbre Canarias-Estado del pasado 4 de junio sí ha servido, en cambio, para que Rivero haya logrado avances en materia de financiación autonómica o que se tengan en cuenta sus reivindicaciones en materia de inmigración y educación. En el capítulo económico, Salgado aseguró que el Gobierno de Zapatero tendrá en cuenta el incremento poblacional que ha experimentado el Archipiélago en los últimos años. Un criterio ignorado por el modelo de financiación vigente. A la eclosión demográfica hay que añadir la insularidad y lejanía, así como el avance en el cumplimiento del REF, ya que Canarias reclama alcanzar al menos la media nacional en cuanto a inversión per cápita. Otro asunto que trasladó Rivero a la emisaria de Zapatero fue la necesidad de subvencionar el transporte de mercancías hasta Cádiz.

Sobre la problemática de los menores inmigrantes que llegan a las Islas en situación irregular, el jefe del Ejecutivo canario obtuvo el compromiso de Salgado para afrontar el problema de los traslados "con la solidaridad de otras autonomías". Otro acuerdo alcanzado en política social fue encomendar al Servicio Canario de Salud las vacunaciones internacionales en las islas no capitalinas para que sus habitantes no tengan que desplazarse a Gran Canaria y Tenerife para poder disfrutar de este servicio. El Gobierno central respalda el cambio en el sector productivo al que apela desde el inicio de la legislatura el gabinete de Rivero. Por otro último, el Estado confirmó el traspaso en julio de las competencias de los Parques Nacionales.