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La empresa tabacalera JT Internacional Iberia planea desprenderse de más de ochenta empleados de sus centros de distribución de Canarias. La entidad japonesa alega "razones de carácter productivo y organizativo derivados de la fusión" para extinguir su relación contractual con al menos cien trabajadores de Gallaher Spain en Madrid, Barcelona, Bilbao, Huelva, Asturias y Canarias. Los empleados de las Islas, concretamente los de la distribuidora Emcadisa, se llevarán la peor parte. La suma de las dos organizaciones del área comercial en Canarias ascendía a doscientas cuarenta y cuatro personas. Con la reestructuración, sólo permanecerán en la empresa ciento sesenta y seis.

En 2005 los empleados obtuvieron el compromiso del Gobierno de Canarias de que la operación llevada a cabo por la multinacional no supondría el fin de la industria tabacalera en las Islas. Sin embargo, en una primera reunión celebrada en Madrid el pasado 26 de marzo, la empresa comunicó a los representantes legales de los trabajadores que "teniendo en cuenta que las actividades de ambas sociedades son de carácter complementario, existen razones de organización interna, simplificación administrativa y de mejora de la estructura operativa que aconsejan dotar a las mismas de unidad de dirección y gestión, evitando la duplicidad de obligaciones contables, administrativas y fiscales (...)".

El propósito inicial era despedir a los trabajadores, al alcanzar un acuerdo mutuo ante la Autoridad Laboral, pero el rechazo frontal de gran parte de éstos a alcanzar una solución pactada al conflicto ha motivado que la empresa se replantee ahora su estrategia. JTI Iberia busca imponer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sin presunta base jurídica, debido a que las circunstancias en las que se desarrolló la fusión no se corresponden con lo establecido por la ley en estos casos, puesto que la entidad es económicamente viable. Tampoco ha habido un aviso previo a los trabajadores, ni se ha convocado una mesa de negociación.

La última oferta que hizo llegar JTI a sus trabajadores el pasado lunes no se corresponde con las exigencias trasladadas por el comité de empresa. La compañía propuso el 21 de abril una indemnización bruta de cuarenta y cinco días con tope de cuarenta y dos meses para aquellos afectados que acepten la recolocación ex novo en Altadis o en la empresa logística en la que se externalice su actividad. Los demás afectados recibirían una indemnización bruta de cincuenta días con tope de cuarenta y dos mensualidades.

En cuanto a las prejubilaciones, los representantes de los trabajadores reclamaron que fueran incluidos en ellas aquellos empleados de edades comprendidas entre los cincuenta y dos y los sesenta años. La respuesta de la empresa ha sido que deberán acogerse a la prejubilación todos los que tengan más de cincuenta y dos años sin excepciones, independientemente de la conveniencia individual. Fuentes cercanas a la empresa.