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Los órganos que regulan los puertos canarios establecen bonificaciones a las tasas que pagan los barcos procedentes de la Península para fomentar su competitividad. Se incentiva de esta forma la recepción de mercancías y se rebaja el precio de los billetes de los pasajeros. Pero hay un inconveniente. El mes pasado, la Comisión Europea consideró que este tipo de prácticas «no se encuentran recogidas en la legalidad comunitaria», y solicitó su supresión, ya que son «discriminatorias» respecto a la libre prestación de servicios marítimos entre los Estados miembros.

Esta decisión encendió todas las alarmas en el Archipiélago. Por ello, el Gobierno canario instó al Ejecutivo central a presentar enmiendas a la propuesta. El Gobierno presentó entonces un escrito ante el organismo europeo y basó sus alegaciones en el mantenimiento de las bonificaciones, también aplicadas a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en la necesidad de mantener la cohesión nacional, algo que los servicios comunitarios consideraron ambiguo, «no aportando pruebas suficientes para demostrar el carácter necesario y proporcionado de las bonificaciones». Además, remitió la propuesta de supresión al Tribunal europeo de Luxemburgo.

Las condiciones especiales de los puertos canarios se entienden como medidas para combatir la «insularidad y la fragmentación territorial», señala el presidente de la Autoridad portuaria de Santa Cruz, Pedro Rodríguez Zaragoza. Así, un billete que tendría como precio real 254 euros, se reduce a 25. También se rebaja el precio en el transporte de vehículos, que pasaría 2,1 euros, a 10,4 sin la bonificación. «En definitiva -señaló Rodríguez Zaragoza- se impulsan las transacciones comerciales con los puertos peninsulares», que reciben también parte de estas rebajas.

En este sentido, el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, señaló la pasada semana que la decisión europea se había tomado «por la endeblez» con la que el Gobierno central había defendido los intereses canarios, y añadió que le parecía «extraño» que en un momento de inestabilidad económica se hubiera aprobado.

Los puertos canarios son un motor económico para las Islas. Así se desprende del Balance de resultados del pasado ejercicio 2007 de la Autoridad portuaria de Santa Cruz. En ellos se refleja que casi el 97 por ciento de las mercancías que salen o entran en la provincia lo hacen a través de los puertos.

Lo cierto es que de aplicarse esta medida comunitaria, la recesión económica en las Islas podría agravarse. Para el presidente de la Autoridad portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón, dejar de aplicar las bonificaciones implicaría que los precios de los productos que entren por el puerto aumenten.

Sánchez-Simón señaló que si la Unión Europea retira las bonificaciones «se tendrán que buscar otro tipo de soluciones compensatorias». También lo manifestó así su homólogo tinerfeño, que recalcó que si no se adoptan otro tipo de ventajas bonificativas «la situación puede llegar a ser alarmante», pues muchas familias y empresas viven del sector portuario, además de generar un colapso económico al subir los precios de las materias primas.

También recordó que Canarias «no tiene otros mecanismos de comunicación para la recepción de mercancías», y consideró que la medida es injusta «porque las Islas no están en las mismas condiciones que el continente europeo». Para Zaragoza, la propuesta sería aceptable si se estuviera hablando de puertos cercanos entre sí, «Rotterdam o Amberes por ejemplo», pero señaló que Canarias no tiene «puertos con los que competir» por su lejanía. A pesar de todo, ambos presidentes se mostraron optimistas de cara al futuro y señalaron que aún queda un amplio margen para la negociación.