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Concretamente ese año, el Cabildo contrató un crucero para la Exposición Internacional de Sevilla (Expo'92) que luego anuló de manera unilateral. La justicia dio la razón a la naviera hace 16 años, pero la Corporación insular nunca realizó el pago. Los intereses han provocado que de los 120.000 euros que se tendrían que haber pagado en 1992 se haya llegado a los 1,5 millones de euros actuales.

Por otro lado, todos los partidos políticos se han mostrado de acuerdo a la hora de pedir al Gobierno de Canarias que deje de recurrir en la justicia la sentencia del Régimen Económico y Fiscal (REF). El 7 de julio del 2006, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al Cabildo lanzaroteño sobre la distribución de los recursos del REF, que no consideraba ajustada a derecho.

Meses después, ambas administraciones llegaron a un acuerdo extrajudicial, por el que el Ejecutivo regional pagó alrededor de 3 millones de euros, uno menos de lo que debía al Cabildo, a cambio de dejar la justicia de lado. Ahora el Cabildo se siente "traicionado" pues el Ejecutivo regional ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra este fallo judicial.