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El Gobierno de Canarias y la oposición coincidieron ayer -hecho poco usual- en el Parlamento regional en señalar que hay que trabajar para "eximir a los afectados de los incendios del pasado verano del impuesto sobre la renta".

La razón de esta reivindicación se encuentra en que según la legislación vigente aquellos que hayan recibido ayudas tras los incendios que arrasaron los montes de las Islas deberán tributar por dichas cantidades, lo que reduce de forma drástica la asistencia final.

En este sentido, el Gobierno de Canarias informó ayer en la Cámara regional de que ya se han concedido 793.367 euros en ayudas, después de haberse tramitado unos 750 expedientes, fundamentalmente en Gran Canaria y Tenerife, aunque el plazo de presentación de solicitudes para recibir ayudas aún no ha concluido, pues lo hará el próximo 3 de noviembre.

La diputada del PP Cristina Tavío expuso que es necesario además "replantar lo antes posible" las zonas afectadas, mientras que el socialista Casimiro Curbelo destacó la coordinación entre las distintas administraciones que intervinieron y la necesidad de elaborar un "plan de concienciación".

En este punto fue respaldado por la nacionalista Flora Marrero, que subrayó la importancia de que ya se haya iniciado la limpieza de las áreas afectadas para evitar problemas de erosión durante el próximo invierno, gracias a un plan de empleo.

Por último, la consejera de Agricultura insistió en que es una "prioridad" para el Gobierno autonómico que "no haya más incendios" y ahondó en la idea de que la colaboración entre ayuntamientos, cabildos, Ejecutivo regional y Estado había sido "absoluta". Asimismo, la consejera del PP expuso que la decisión de que se exima a los damnificados es meramente "política" por lo que abogó porque las distintas fuerzas en el Congreso alcancen algún acuerdo en este sentido.