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A pesar de que la manifestación contra la inmigración del pasado domingo en Santa Cruz estuvo lejos de ser lo numerosa que sus impulsores esperaban, sus ecos siguieron sintiéndose ayer, cuando el consejero de Economía y Hacienda regional, José Carlos Mauricio, no dudó en calificar como una "tontería imposible" la sanción de una ley de residencia, lema principal de la concentración.

La contundencia mostrada por Mauricio contrastó con la tibieza del presidente, Adán Martín, durante el pleno del Parlamento de la semana pasada, y, sobre todo, con las expresiones de Paulino Rivero, líder de Coalición Canaria (CC), que los días previos había dicho que sólo tenía reparos para el momento elegido, pero no hacia los motivos que impulsan la convocatoria.

El consejero de Economía fue claro al decir que en Canarias "la ley de residencia es imposible". Además, hizo una relectura de los últimos datos de empleo, que desbarata, precisamente, otro de los lemas de los convocantes, escudados en un aparente agravamiento del paro en el Archipiélago.

Mauricio afirmó que los sindicatos y algunos medios de comunicación han leído "erróneamente" las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), ya que "el dato más importante" es que el número de ocupados en Canarias ha crecido en un año en 46.000 personas, "y eso es muchísimo, quizás demasiado".

A juicio del titular de la cartera económica, que se haya producido una subida semejante en la creación de empleo es consecuencia de que "en el mismo tiempo, han llegado 60.000 personas a Canarias", lo que hace que por un lado se genere una cifra de creación de empleo récord pero por otra no se pueda reducir el porcentual de paro.

Por ello, Mauricio argumentó que "con cupos de trabajadores legales", Canarias habría crecido no más que en 30.000 personas, de lo que se habría derivado un paro, en vez de en torno al 11,8 por ciento, cercano al 5 o el 6 por ciento, lo que "técnicamente, acercaría a las Islas al pleno empleo".

Mauricio se mostró favorable a ordenar la llegada de población foránea, ya que "si en los últimos años se hubiese otorgado un cupo de 25.000 trabajos" a los inmigrantes regulares, no habría ahora "problemas ni de ley de residencia ni historias".

Sin embargo, "esos pequeños brotes" -por la manifestación del domingo- muestran la necesidad de "una respuesta correcta" por parte del Gobierno español, que debería asumir "la enorme responsabilidad" de invertir primero en África, "arrastrar a Europa a utilizar a Canarias como enlace y establecer después una inmigración ordenada".

Mauricio dijo estar contra la xenofobia -"odio el racismo, no podemos ser racistas y es una bajeza serlo"-, pero sostuvo que un territorio "pequeño" necesita "medidas de control, porque el Gobierno español está desarmado", una recomendación que desde la propia Unión Europea llegó hasta el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero las últimas semanas.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria aportó también ayer su visión al debate sobre la inmigración, al criticar a CC por su postura mantenida acerca de la manifestación del domingo. Pepa Luzardo indicó que una concentración como la celebrada en Santa Cruz "puede ser malinterpretada" y generar posteriormente "brotes de racismo y xenofobia".

Según su postura, Coalición Canaria "debió haber mantenido una posición distinta" en el Congreso de los Diputados cuando se votó la Ley de Extranjería, que recibió el voto a favor de todos los grupos políticos, salvo el suyo, el del Partido Popular (PP).

"Como consecuencia de la Ley de Extranjería estamos como estamos", sintetizó Luzardo, que afirmó que "lo que no se puede hacer ahora es estar haciendo manifestaciones de este tipo, que siempre van a ser malinterpretadas". Para la alcaldesa, en su momento, la ley "tuvo que hacerse de acuerdo a las directivas europeas y no bajo el principio de papeles para todos".

La alcaldesa de la capital grancanaria señaló que "lo que hay que hacer es ir al fondo del asunto, no generar manifestaciones de este tipo, que pueden ser malinterpretadas". Luzardo dijo que no tiene "ninguna duda" de que manifestaciones como la del domingo pueden generar "conductas racistas y xenófobas".

El presidente del Gobierno, Adán Martín, repitió ayer la cautela con que se mostró la semana pasada, al defender por igual "la lucha contra la xenofobia y el racismo" y la libertad de expresión.

Por eso, reiteró su negativa a condenar la manifestación contra la inmigración, por entender que forma parte de la vida democrática, en la que debe "dejar expresarse" a "la gente de buena voluntad". En esa línea, consideró que los participantes de la concentración no eran "radicales", sino personas con "derecho a hablar", porque la de Canarias "es una sociedad tolerante".

"Estoy tan en la lucha contra la xenofobia y el racismo como contra la intolerancia ante la libertad de expresión", insistió, mientras pidió que se permita a la gente "manifestarse en total tranquilidad".

Martín destacó su propia rapidez al actuar ante casos en que se advirtió el surgimiento de la xenofobia, como en ocasión del traslado de menores africanos a un centro de Gran Canaria y otro de Tenerife. "Cuando ha habido que actuar como presidente, no lo he dudado y la respuesta fue a la media hora", indicó. El domingo, dijo, no actuó porque no había "rechazo" a los inmigrantes