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Coste del servicio público/bienestar por habitante y no sólo población y crecimiento demográfico. En síntesis, esa será la clave y el principal punto de partida que Cantabria defenderá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Cantabria mantendrá su propia reflexión, basada en un estudio pormenorizado realizado por la Consejería de Economía y Hacienda que preside Ángel Agudo. En el fondo, la autonomía cántabra tratará de convencer a las restantes comunidades de que aplicar el número de habitantes como base única no es solidario ni justo, ya que los costes por los servicios públicos que ofrecen las administraciones nunca serán los mismos, al fluctuar -y mucho- en base a variables tales como orografía, dispersión, infraestructuras preexistentes, etc.

En el documento redactado por Economía para negociar en el Consejo se destaca que para Cantabria "sólo será aceptable un modelo de financiación que tenga como propósito explícito proporcionar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas el mismo nivel de servicios públicos con los recursos que les proporciona el sistema". Sobre ese esquema se mantiene que "cualquier nivel de prestación superior deberá financiarse con los recursos de la comunidad autónoma que así lo desee, para lo cual tendrá que reclamar de sus ciudadanos un esfuerzo fiscal adicional que le proporcione los recursos necesarios para financiar dicha mejora en el nivel de servicios prestados".

Por el contrario, el documento marco que fija la posición de Cantabria explicita que "si los recursos financieros generados en una determinada comunidad autónoma (a igual esfuerzo fiscal) no son suficientes para proporcionar a sus ciudadanos el nivel de servicios públicos garantizado para todo el Estado, el modelo por el que apostamos deberá de tener mecanismos de solidaridad (nivelación) que eliminen esa insuficiencia de recursos financieros". En definitiva, el modelo de financiación por el que apuesta Cantabria se basa en los principios de "equidad, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad".

La posición cántabra de cara a la revisión del modelo de financiación también pretende servir para abrir un debate riguroso sobre las comunidades afectadas por un régimen foral. En particular se indica que "las comunidades acogidas al régimen foral de financiación -sin perjudicar el mantenimiento íntegro de las especificidades derivadas del concierto y el convenio- deberían integrarse en el sistema de nivelación".

El informe que define la posición cántabra en la futura negociación explica que el modelo de financiación debe buscar y conseguir la justicia distributiva y el equilibrio en la prestación de servicios. En este último aspecto, se indica que son las autonomías las que hacen la mayor prestación y a es a ellas a quienes se imputa el gasto.

Cantabria defenderá que ese coste efectivo por habitante no sólo dependa de la población sino del gasto real por el servicio; es decir, no es lo mismo aplicar la Ley de Dependencia en Cantabria que en Madrid y no es igual cubrir la asistencia sanitaria primaria en la región cántabra que en otra. Todo ello atendiendo no sólo a la frecuencia de uso del servicio por habitante sino a variables tales como costes fijos, dispersión de los núcleos de población, orografía. De ahí que el coste por satisfacer el Estado de Bienestar no sea idéntico para todas las autonomías, lo que obliga a tener en cuenta esos parámetros y a establecer fondos de suficiencia y solidaridad que compense las "distintas realidades regionales".

Para Cantabria será en todo caso "irrenunciable" que las necesidades de cada autonomía tengan "como límite inferior la financiación real obtenida por cada Comunidad Autónoma en aplicación del modelo vigente", ya que "lo contrario sería asumir la reducción en la capacidad financiera para prestar servicios a nuestros ciudadanos como consecuencia de la aplicación del nuevo modelo".