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Las principales industrias cántabras inician el próximo 1 de mayo una nueva etapa en la que el riguroso y estricto control de sus emisiones a la atmósfera y a las aguas serán un compañero de viaje permanente y un requisito inexcusable.

Y es que el 30 de abril estarán concluidas y emitidas las Autorizaciones Ambientales Integradas que exige la ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), una norma aprobada por el Estado en el año 2002 cuya aplicación se ha ido dilatando en el tiempo hasta agotar todos los plazos y prórrogas posibles. La última es, precisamente, la del 30 de abril y su incumplimiento implicaría el cierre de la planta en cuestión porque esta evaluación es obligatoria para seguir funcionando. Además, de no hacerlo la Unión Europea, que ya amonestó a España por la tardanza en aprobar la ley, podría imponer nuevas sanciones. Pero Cantabria cumplirá los plazos.

En 2002 en la comunidad autónoma de Cantabria había 65 empresas en activo que carecían de ella, muchas de gran envergadura (por instalación y número de trabajadores) y algunas con históricos problemas de contaminación, como Sniace. De ellas, sólo seis tenían un informe preliminar, otras no habían salido a información pública y algunas ni habían presentado el expediente.

La Consejería de Medio Ambiente inició el año pasado una «política de choque» (se contrataron dos asistencias técnicas auxiliares) que ha permitido impulsar la tramitación de forma que en la primera semana de abril, 49 empresas ya cuentan con una propuesta de resolución y el día 30 de este mismo mes cumplirán todos los plazos exigidos por ley.

Este plan de choque y el plazo del 30 de abril, se refiere sólo a las empresas que en el momento de la aprobación de la normativa ya estaban funcionando. Las que han iniciado su actividad con posterioridad ya han asumido en sus permisos y tramitación este requisito. La autorización ambiental integrada es algo más que un trámite. En ella, la Consejería de Medio Ambiente fija unas pautas de actuación -alturas de chimeneas, depuradoras, vertidos, almacenaje etc...- que se concretan en una idea: «utilizar las mejores técnicas disponibles» para no contaminar. Además, se establecen mecanismos de medición continua de las emisiones de gases y vertidos, algo que hasta ahora se hacía de forma esporádica.

Ello obligará a las industrias a efectuar importantes inversiones en los próximo años para modernizar sus sistemas y cuanto más obsoletas estén las instalaciones, más se apartarán de la norma y más dinero requerirán. Como ejemplo, la inversión total de Sniace superará los 40 millones de euros -entre ellos 20 para una depuradora propia- ya que debe recuperar 30 años de falta de inversión, según resalta el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, quien destaca que los efectos de la IPPC empezarán a verse de forma decisiva en dos años.

Ferroatlántica, Azsa, Dinasol son otras de las industrias que requerirán grandes inversiones. Ahora algunas industrias superarán la autorización ambiental, otras tendrán serias restricciones y no se descarta que alguna no obtenga la autorización. Si se da esta circunstancia, la empresa afectada no podrá continuar con su actividad y deberá parar y solicitar una nueva licencia de actividad ante el ayuntamiento correspondiente solventando por el camino los fallos para obtener una nueva autorización ambiental positiva.

Las autorizaciones tienen una vigencia de ocho años, aunque la Administración regional, de oficio, puede revisarla si hay un cambio de circunstancias.