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La vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, ha asegurado que "intentará por todos los medios" que Cantabria cuente esta legislatura con una normativa que reconozca el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo. En este sentido, afirma compartir "plenamente" la "filosofía" de la propuesta que, en este sentido, ha puesto sobre la mesa la comunidad andaluza y recordó que ésta idea era un compromiso electoral del PSOE en Cantabria, que fue incluido en su programa.

Por esta razón ha insistido en que "no renunciará a seguir, durante esta legislatura, trabajando para que, antes de que acabe, se pueda convertir en una realidad en Cantabria una normativa de esas características". Apuntó que el consejero del vivienda, José María Mazón, ya está estudiando la situación, que incluye el compromiso del Gobierno de construir 8.000 viviendas sociales, y aseguró que las "indicaciones y aportaciones" que ella le haga "van a ir en el sentido en el que iba el programa electoral del PSOE, que coincide con el proyecto que se está plasmando en algunas comunidades autónomas".

La propuesta socialista de la campaña era la aprobación de una Ley de Garantía de Acceso a la Vivienda, según la cual los ciudadanos podrían reclamar por la vía judicial su derecho a comprar una casa de protección, de no respetarse los plazos de la norma. El proyecto del PSOE fijaba que a la ley podrían acogerse aquellos ciudadanos con una renta anual que no superase en 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); en la actualidad en torno a los 29.000 euros anuales.

Gorostiaga defendió que los momentos de bonanza económica, como los actuales, se utilicen para "extender los derechos de los ciudadanos", una actitud propia de los gobiernos socialistas, apuntó. Consideró una "prioridad" garantizar desde las administraciones públicas reserva de suelo para viviendas públicas. "Si además tenemos la capacidad de promover ayudas para que ese derecho constitucional se convierta en un derecho subjetivo, le doy la bienvenida", apostilló.

Indicó que deberán ser las comunidades autónomas las que estudien cuales son sus posibilidades y su situación actual, así como las relaciones con los ayuntamientos, ya que para construir viviendas sociales se necesita suelo. El proyecto normativo andaluz establece una reserva de suelo del 30 por ciento. La vicepresidenta recordó que la Ley del Suelo de Cantabria ya contiene una disposición similar que luego debe reflejarse en cada plan general de urbanismo.