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El Ayuntamiento posee 186 viviendas repartidas entre seis comunidades del municipio. En total, 184 familias viven en dichos casas, cuyos casos personales están siendo revisados por el Consistorio, dado que algunas de ellas llevan cerca de 20 años como inquilinos y la situación que aconsejó su acogida ha cambiado.

Actualmente hay cuatro de estas viviendas a la venta y el resto están ocupadas por familias que por diferentes problemas sociales, por sí mismas no pueden acceder a un alojamiento digno.

La concejala de Bienestar Social, María Isabel Gómez-Barreda, explica que 26 de estas casas están destinadas a personas que tuvieron que ser realojadas tras la desaparición del asentamiento gitano de "La Cavaduca" y de las llamadas "casucas", ambos en La Albericia. El resto son ocupadas por familias que atraviesan diferentes problemáticas, desde desestructuración a riesgo de exclusión social o apuros económicos que no les permiten tener una vivienda.

Gómez-Barreda indica que han realizado un estudio de cada uno de los casos y circunstancias en las que se encuentran actualmente las familias. Dado el tiempo transcurrido desde que se atendió a algunas de ellas por primera vez, "hay que analizar cada caso, ya que algunos ya pueden vivir por su cuenta perfectamente y así dejar las viviendas libres para personas que las necesitan de verdad en este momento".

Según indica el responsable del programa, Enrique Díaz, "estamos valorando alternativas para que de ahora en adelante, el alquiler de estas viviendas no se convierta en algo indefinido, ya que su carácter es precisamente temporal". Una de las principales trabas con las que se encuentran estas personas es el precio de las viviendas, tanto para el alquiler como para compra.

Para que las personas de estas familias consigan superar su situación y puedan llegar a integrarse en la sociedad, las diferentes Unidades de Trabajo Social (UTS) realizan un seguimiento de cada caso y trabajan con ellas para que puedan salir a delante.

En cuanto a los alquileres, cada cuantía responde a una situación concreta. En este punto, la concejala dejó claro que el objetivo "no es proporcionar una vivienda barata, sino trabajar con las familias para solucionar sus problemas, ya sea de búsqueda de empleo o de integración en la sociedad".

En cuanto a los criterios que se atienden para otorgar una de estas casas, está, en primer lugar, la edad, "cuanto más años, más necesidades plantean", indica Díaz. En segundo lugar, la posibilidad de promoción laboral. El tercer punto es la composición familiar (número de hijos o si algún miembro padece una minusvalía). Por último, los ingresos.

La concejala explica que estas viviendas municipales se engloba dentro del programa de Alojamiento Alternativo, al cual también pertenecen el Albergue del Transeúnte, el Centro Municipal de Acogida, y varios establecimientos hosteleros de la ciudad.