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La Prisión Provincial de Santander está viviendo sus últimos días. Tras varios años de quejas vecinales y plazos incumplidos, el próximo otoño se dará el primer paso para su liquidación definitiva. Será entonces cuando los primeros presos abandonen las instalaciones de la calle Alta para trasladarse a cárceles de otras regiones y a El Dueso, a pesar de que en julio de 2006 la Delegación del Gobierno en Cantabria aseguró que ningún recluso ingresaría en el centro de Santoña.

Según revelan fuentes sindicales, en esta primera fase se trasladará, en cifras aproximadas, a los 40 reclusos penados y a otros tantos que se encuentran en prisión preventiva a día de hoy. Los primeros serán repartidos en centros de otras comunidades y los segundos irán a El Dueso, que será capaz de asimilar estas nuevas entradas debido a la reciente remodelación de sus infraestructuras.

El cierre de la prisión Provincial está vinculado al cumplimiento del Plan de Instituciones Penitenciarias, que prevé la puesta en funcionamiento de 18 nuevos centros penitenciarios y otros 32 de inserción social (CIS), entre el que estaría el proyectado en Candina.

Precisamente la construcción de éste será el que marque los plazos de la segunda fase del cierre de la prisión. Está previsto que su construcción se alargue hasta 2009, y hasta entonces la Provincial seguirá en pie. Allí permanecerán las doce mujeres que a día de hoy cumplen condena y los 40 reclusos de la sección abierta. La mitad de éstos se encuentran en el tercer grado (sólo van a la cárcel a dormir) y en la sección telemática (en régimen abierto con pulsera de control). Así, cuando el CIS comience a funcionar, los hombres serán remitidos a él y las mujeres serán trasladadas a otros centros penitenciarios, ya que El Dueso no dispone de sección para ellas, aunque tampoco se descarta su creación.

En ese momento se pondrá en marcha el engranaje para derribar una prisión que «no reúne los mínimos requisitos de un centro de reclusión del siglo XXI», según se resolvió en un Consejo de Ministros de 2001, y cuyo cierre sufre un proceso que ya dura 16 años.