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La Fiscalía Anticorrupción afirma que no ha abierto diligencias previas contra el Gobierno de Cantabria a raíz de una denuncia de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID). "La Fiscalía no puede incoar diligencias. Eso sólo lo pueden hacer los Juzgados", asegura una portavoz de este organismo.

La misma fuente asegura que tampoco se abrirá una investigación por el caso de la fábrica de fibroyeso de Orejo "ni se va a abrir" tal y como aseguran desde OID el pasado martes.

El mismo abogado de la OID, Javier Gallego, señala que, aunque ha tenido conocimiento verbal por parte de la Fiscalía de la apertura de esta investigación, no posee ninguna prueba escrita sobre el inicio de estas diligencias.

En el Gobierno de Cantabria tampoco tienen constancia, si bien, estos últimos reconocen que sí se siguen los trámites habituales en este tipo de procesos Anticorrupción sólo se pondrá en contacto con ellos si requiere algún documento para llevar a cabo su investigación.

El pasado mes de abril la OID denunció presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental relacionados con el acuerdo que el Gobierno de Cantabria y Pujol Martí firmaron para la instalación en la región la fábrica de fibroyeso de Orejo. En concreto la organización de discapacitados denuncia que "pese a darse por cierto la existencia de una peritación de la maquinaria -que sirvió para que el grupo costarricense Pujol Martí aportara como capital y que estaba almacenada en el Puerto alemán de Bremen desde el año 2001-esa peritación nunca se llevó a efecto", afirma la OID.

Las discrepancias entre el Gobierno de Cantabria y la Organización Impulsora de Discapacitados se remontan a tiempos lejanos con la apertura de expedientes sancionadores contra la entidad por parte del Ejecutivo regional. El pasado mes de abril la organización fue multada a pagar 840.000 euros por infringir la normativa en materia de juego, y vender cupones sin autorización para ello.

Posteriormente la OID presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Gobierno por el caso de la fábrica de fibroyeso.