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Tras declarar durante una hora y 45 minutos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación, el alcalde del municipio, Fernando Muguruza, anunció que pedirá el sobreseimiento de la denuncia ya que, a su entender, "no hay caso".

Las declaraciones de Muguruza se enmarcan en las diligencias abiertas por la Fiscalía en torno a la posible adjudicación "a dedo" de las obras del túnel de Mioño en el año 2006 a una empresa vinculada con el hermano del, por aquel entonces, concejal de Industria, Jaime Díez Muro, y en la que están imputados el alcalde y los otros seis miembros de la Junta de Gobierno Local que adjudicó la obra, así como el hermano del edil de Industria, Ignacio Díez Muro. La denuncia fue presentada por cinco ex concejales socialistas, entre los que se encuentra Rufino Díaz Helguera (Acuerdo por Castro), socio de Gobierno de Muguruza en la actualidad.

El regidor explicó al juez que en la Junta de Gobierno Local del 21 de octubre de 2004 el concejal de Obras, Salvador Hierro, planteó la "urgencia" de arreglar el túnel de Mioño y señaló a Izeta como la empresa "más barata". La adjudicación se decidió sin votación ya que, al no contemplarse en el orden del día, no hubo debate. Muguruza declaró que "dio por hecho" que la contratación estaba "bien hecha" y que no revisó la documentación del expediente "por exceso de trabajo".

Aunque admitió conocer a Ignacio Díez Muro, gerente de Izeta, y también a Ibarrola, socio de esta empresa y actual gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento, Muguruza aseguró que desconocía que el gerente fuese hermano del concejal de Industria y apuntó que el edil "tenía que haberse abstenido en la votación".

Sobre Pedro Olano, que fue concejal de Obras con el PSOE, Muguruza dijo que "no descarta" presentar una denuncia contra él por la "chapucera" tramitación de una obra en la calle Santander que se realizó "sin consignación presupuestaria y ni uno de los pasos administrativos" y marcada por su carácter "electoralista" ya que se realizó en el primer semestre de 2003. Además, calificó la actitud de su socio de Gobierno, Rufino Díaz, de "ambigua" (fue uno de los que presentó la denuncia y no concretó públicamente si la mantenía) y confesó que le hubiera gustado que se retractase públicamente. No obstante, rechazó que esto afecte a la estabilidad de la coalición porque el pacto se firmó "independientemente" de las personas para lograr "serenidad" en Castro Urdiales.