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A partir de ahora el precio máximo de venta de las viviendas de protección oficial será idéntico en Santander, en 36 municipios de la costa de Cantabria y también en Torrelavega. La equiparación, largamente perseguida por la Consejería de Obras Públicas, ha sido posible tras el beneplácito obtenido del Gobierno Central quien, mediante decreto, puede dar luz verde a esas propuestas.

Con esta medida, el Ejecutivo cántabro pretende crear un marco más atractivo para la iniciativa privada, hasta ahora reacia a comprometerse directamente en la construcción de viviendas de protección en un gran número de ayuntamientos de la región -Torrelavega y todos los costeros, menos la capital cántabra- ya que el precio máximo de venta de esos pisos no era, según ellos, competitivo. La medida intenta también dinamizar un sector como el de la construcción, muy afectado por la actual coyuntura económica. En palabras del propio consejero, José María Mazón, "hemos logrado un salto cualitativo importante que tiene mucho de social para promover viviendas oficiales a precio asequible y económico, ya que actualiza precios de venta y los acerca a unos niveles que pueden ser asumidos por la iniciativa privada".

Los municipios que entran a formar parte de los que se integran en el Grupo C en el Plan de Vivienda -hasta ahora, una categoría exclusiva en Cantabria para Santander- corresponden a los ayuntamientos del llamad0 el "territorio POL" (Plan de Ordenación de Litoral) con el añadido de Torrelavega.

En líneas generales, la equiparación permitirá que el precio máximo de venta que hasta ahora estaba fijado en esos municipios pueda multiplicarse por el coeficiente de 1,5, un incremento que en palabras de los expertos no encarece especialmente el coste final a pagar por quienes opten a los pisos protegidos pero que da mayor margen a constructores y promotores para la construcción de pisos de protección oficial. A juicio de Obras Públicas el precio del suelo en los ayuntamientos costeros de la región se ha convertido en los últimos años en una "figura determinante" que impedía que la iniciativa privada considerara rentable la construcción de VPO. De ahí que la consecución de un ligero incremento en el precio máximo de venta tenga una clara repercusión, y pueda convertirse "en enganche" para el sector.

La subida que permite la nueva calificación, autorizada por el Ministerio, es "ligera y se sitúa muy por debajo del precio en el mercado libre". Según la misma fuente de la Consejería de Obras Públicas, encontrar en los 37 municipios del área POL -la costa de Cantabria- viviendas por un importe inferior a los 250.000 euros es casi imposible.

Para el Gobierno, la autorización lograda de Madrid supondrá una "incentivación directa de la economía regional, que facilitará el mantenimiento de los puestos de trabajo creados en los últimos años en el sector de la construcción, que ahora pueden encontrar en el mercado de la vivienda de protección oficial un cauce adecuado, con precios contenidos, para proseguir en su actividad y ver la rentabilidad a sus negocios". El nuevo precio máximo de venta no afecta sólo a los pisos de nueva construcción sino también a las viviendas libres usadas.

La petición hecha por el Gobierno regional al Ministerio para equiparar precios máximos toma su base en el propio Plan de Vivienda que estable que podrá solicitarse en determinados ámbitos territoriales la calificación especial -es decir, establecer un precio máximo superior al fijado con carácter general-.

Hasta ahora, en Cantabria sólo Santander gozada de esa categoría. La norma explica que los precios máximos son susceptibles de incremento si la vivienda protegida está situada en una zona de precio máximo superior. Según el decreto que regula los cambios de categorías, el incremento en esas áreas habilitadas exnovo en el grupo C, pueden llegar hasta el 15 por ciento para las viviendas protegidas de nueva construcción y hasta un 20 por ciento en el caso de viviendas libres usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión.