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El Gobierno de Cantabria y el Partido Popular han vuelto a escenificar en el Parlamento posiciones contrarias en torno a la fábrica de fibroyeso GFB. Mientras el consejero de Industria, Javier del Olmo, defiende el proyecto "que está garantizado y va a salir adelante", la diputada popular María Antonia Cortabitarte sostiene que la participación pública está plagada de irregularidades.

El consejero socialista ha contestado en el pleno a 19 preguntas de la oposición sobre GFB. Reitera que no hay ningún informe técnico, ni de Sodercán ni de Cantabria Capital, en contra de su puesta en marcha "sino recomendaciones" y defiende las soluciones alcanzadas en la última junta de accionistas para su apertura en octubre. Reconoce que se han cometido errores como anunciar fechas de inauguración que no se han cumplido. Garantiza el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua, así como la inversión del Ejecutivo. Las acometidas de agua y luz servirán para el polígono industrial de Marina-Medio Cudeyo, agrega. Aprovecha para decir que en esta zona no se van a instalar grandes superficies comerciales sino locales tradicionales. Una afirmación que niega Cortabitarte que dice que "el proyecto habla de hipermercados". Volviendo a GFB, la diputada subrayó que si no abre en octubre tiene que devolver los incentivos regionales.

Se han realizado dos planes de viabilidad que no se pueden remitir al Parlamento porque "son datos confidenciales", apunta Del Olmo y se pregunta para qué se quieren unos datos que pueden beneficiar a "la competencia", en relación a "el tapado" del PP.

Cortabitarte denuncia que los informes se basan en premisas "falsas" por la sobrevaloración de la maquinaria y volvió a reclamar el plan de viabilidad. Adelanta que será el presidente del Parlamento el que lo reclame.

También ha habido disparidad de criterios en lo referente a cuestiones económicas. La portavoz popular recuerda las críticas del Ejecutivo cántabro sobre una mala gestión de sus socios costarricenses. La inversión inicial de 67 millones ha alcanzado ya los 100 millones, apunta, y todavía se incrementará para su puesta en marcha. El Gobierno "tiene en riesgo", recuerda "casi 35 millones de euros".

La desviación económica ha sido de 15 millones de euros, explica Del Olmo. El coste de 90 millones del proyecto se asemeja a otros de sus mismas características, asegura. Los siete millones adicionales que faltan los aportará el socio mayoritario, agrega.

El consejero socialista menciona la carta remitida por la empresa a los medios de comunicación en la que se avalaba su opinión de que el PP "se está convirtiendo en el principal escollo del desarrollo industrial de Cantabria" y se pregunta que si serán muchas las empresas que se aventuren a invertir en la región. La diputada popular relaciona el comunicado con el consejero.

A juicio de Del Olmo "ya no hay caso GFB, este asunto ha tocado fondo". Insiste que Sodercán no es el Gobierno regional ya que también "tienen una participación importante" Caja Cantabria y la Cámara de Comercio. Advierte de que las dudas sobre el proyecto se extienden a estas dos instituciones. Cortabitarte acusó a Del Olmo de "cobardía política" por no admitir que Sodercán es el Gobierno, cuando posee el 51 por ciento.

Las deudas de GFB con los proveedores se han saldado, subraya Del Olmo, que dice haber recuperado la confianza en los socios costarricenses. La valoración de la maquinaria vuelve a ocupar una parte de las preguntas del PP porque "lo que iba a ser una aportación de 44 millones se convirtió en una venta de 22 millones". No se conoce el destino del resto del dinero, apunta, a lo que el consejero replica que "todas las cantidades están absolutamente reconocidas y autorizadas".

Del Olmo se niega a contestar a preguntas sobre empresas implicadas en la planta de Orejo, como la ingeniería vasca Seditec, porque es perjudicial para el desarrollo económico de Cantabria. "¿Es cierto que mantiene deudas impagadas con proveedores?", pregunta la diputada popular. El consejero cuestiona si "el nacionalismo vasco es excluyente" y mencionó la empresa vasca Urazca que mantiene contratos con el Ayuntamiento de Santander. "Es peligroso" entrar en esas calificaciones, advierte.