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El presidente y la vicepresidenta de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla y la socialista Dolores Gorostiaga, respectivamente, cerraron ayer filas en torno al consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno regional, Javier del Olmo (PSOE), imputado por dos presuntos delitos de obstrucción a la justicia y otro de prevaricación cometidos supuestamente en la anterior legislatura, cuando era presidente del Puerto de Santander.

Revilla, que rehusó pronunciarse sobre dicha imputación, estimó sin embargo que "no se puede condenar" a Del Olmo "antes de que un tribunal lo juzgue". "Yo no condeno hasta que lo hagan los jueces", reiteró. El jefe del Ejecutivo autonómico precisó al respecto que a la imputación del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) debe seguir la imputación de un fiscal y, finalmente, un juicio.

Por su parte, Gorostiaga subrayó su "respeto" por el trabajo de la Justicia y por "todas las acciones judiciales" y apeló al mismo tiempo a la presunción de inocencia del consejero de Industria. "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", manifestó la también consejera de Empleo y Bienestar Social.

Precisamente ayer se dio a conocer públicamente el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC respecto a la denuncia presentada por dos trabajadores del Puerto contra el consejero de Industria y ex presidente de la Autoridad Portuaria. En dicho auto, fechado el pasado viernes, el magistrado instructor señala que se han apreciado "indicios racionales" de que Del Olmo "empeoró" las condiciones laborales de un trabajador del Puerto a raíz de un juicio laboral de reclamación de categoría y, además, despidió al director del Departamento de Administración y Finanzas "por haber declarado como testigo". Según el magistrado, en las diligencias practicadas se observan indicios de que Del Olmo acordó el despido del directivo a pesar de que esa competencia recae en el Consejo de Administración del Puerto. Entiende así que estos hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos de obstrucción a la justicia "por represalias", en uno de los casos en concurso con otro delito de prevaricación.