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Cantabria dejará de ingresar entre 30 y 32 millones de euros al año, que pagan unos 15.000 contribuyentes, por la supresión del impuesto sobre el Patrimonio anunciada recientemente por el Gobierno central.

Se trata de un tributo cedido en su integridad a las comunidades autónomas, que dejarán de percibir en conjunto 1.800 millones de euros de un millón de contribuyentes, una cantidad importante, según explica el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo.

Agudo apunta que en la comunidad cántabra hay en torno a 15.000 contribuyentes. Cantabria reclamará "una compensación" al Estado en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, al objeto de contrarrestar el descenso de ingresos por este tributo que desaparecerá con fecha del 1 de enero de 2008.

El actual será por tanto el último año que represente un ingreso para las arcas regionales. Agudo subrayó que cuando se estableció el impuesto de Patrimonio ya se calculó que no iba a tener una permanencia recaudatoria en el tiempo, puesto que el objetivo inicial era de tipo informativo para controlar las grandes fortunas y la acumulación de patrimonio.

Con el paso del tiempo, indicó, se ha comprobado que no grava tanto a los más ricos sino a las clases medias, por lo que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha resuelto su supresión.

Al tratarse de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, éstas son las más afectadas, que verán como descienden sus ingresos. Desde Cantabria se reclamará una "compensación", aseguró el consejero socialista, para hacer frente a los gastos que se avecinan, entre ellos los referidos al pago del 50 por ciento de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Se trata de un tributo cuya gestión normativa también está en manos de las comunidades autónomas y así Cantabria ha practicado reformas modificando algunos tramos. La eliminación de este impuesto estaba recogida en el programa del PSOE pero hasta ahora no había sido anunciada como una de las medidas urgentes para reactivar la economía.

La compensación económica por la supresión de este tributo se añadirá a la larga lista de reivindicaciones que planteará Cantabria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se entre de lleno en el debate del nuevo sistema de financiación autonómica.

Los tres partidos con representación parlamentaria, PP, PRC y PSOE, se mostraron hace unos días de acuerdo con los principios básicos que el Gobierno de Cantabria va a defender, en los que la "variable decisiva", "la clave", para la región será el coste fijo de los servicios que presta.

El consejero de Economía explicó recientemente en el Parlamento la necesidad de defender la variable del coste fijo de la prestación de servicios (aquel que no depende del nivel de actividad) porque al ser una comunidad con poca población se encarece ese servicio. Citó el coste de la gestión del Hospital Valdecilla, un centro de referencia, que incrementa en un 20 por ciento las necesidades de gasto. Eso significa que la financiación por habitante debe ser un 20 por ciento superior para poder dar respuesta a los costes que se plantean. Agudo planteó otras variables como la orografía o la dispersión de la población, aunque esta última con variaciones sobre el modelo actual que no beneficia a la región.

Una tercera cuestión será la de cuantificar la repercusión de los residentes no censados (unos 60.000) pero que consumen gasto público. El consejero aboga porque se introduzca en la discusión la situación de las comunidades de régimen foral y lo que aportan a la "solidaridad" interterritorial. Reclama su participación en el sistema de nivelación previsto en el modelo de financiación.