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Interior admite que la crisis puede elevar los índices de criminalidad

12:26:52 - 24/06/2008VMT -El director general de Policía vaticina en un seminario sobre seguridad que se van a registrar más casos de corrupción como el de Coslada
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, considera que la crisis económica puede elevar los índices de criminalidad. En su intervención en la UIMP expuso los ejes principales que va a seguir el Gobierno en materia de seguridad ciudadana durante esta legislatura, y aseguró que la desaceleración puede generar temporalmente "mayor tensión" sobre estas tasas, aunque se mantiene el objetivo de reducirlos.
Recordó que España cerró el periodo 2004-2007 con una tasa de criminalidad de 50,3 infracciones penales por millar de habitantes, inferior a la media comunitaria (69,5 por mil) y a la que tenía el propio país en 2002 (52,2), y además en unos años en los que la población de incrementó en casi cinco millones de habitantes. Sin embargo, reconoció que tanto la crisis económica como la presión migratoria pueden producir "algunos problemas", para los que se deben preparar las Fuerzas de Seguridad.
En el mismo periodo evaluado por Velázquez, España tenía unas tasas por millar de habitantes de 3,35 homicidios, 11 robos, 18,3 delitos contra el patrimonio y 77,3 delitos graves. En los cuatro casos, señaló, las tasas son inferiores a las del periodo anterior (2000-2003). Precisó que tanto la Policía como la Guardia Civil trabajan con el objetivo de mantener "esa línea descendente" en la criminalidad, a pesar de que las dificultades son mayores por la etapa de desaceleración económica.
También advierte que las cárceles españolas están "que se revientan las costuras" como consecuencia de la inmigración y del endurecimiento de las penas de determinados delitos. "Tenemos muchos detenidos, muchos", enfatiza.
Por otra parte, y en respuesta a la pregunta formulada por un alumno, vaticinó que puede haber más "problemas" con casos de corrupción o abusos de las policías locales, como la trama destapada en Coslada, "porque están proliferando las denuncias en algunos municipios", dice.
Cree que estos problemas surgirán esencialmente en municipios "medianos y pequeños" porque, según explicó, las grandes ciudades cuentan en sus policías locales con departamentos de asuntos internos para controlar a sus propios agentes. Según sus propias palabras, "el tema es complejo, la sociedad española se ha visto absolutamente escandalizada por la situación de Coslada. Nosotros también".
Por otra parte, asegura que el Ministerio del Interior no aprobará la constitución de más policías autonómicas ni tiene intención de desarrollar las unidades policiales adscritas a algunos gobiernos regionales más allá de su situación actual, "al menos durante esta legislatura".
Recuerda que en la actualidad existen dos policías autonómicas "integrales" (la Ertzaintza y los Mossos d"Esquadra), una policía adscrita a una comunidad "con vocación de policía integral" (la de Navarra) y algunas unidades más adscritas a comunidades autónomas. Para Velázquez esta diversidad de cuerpos genera "un reparto competencial complejo", a lo que se suma "la tendencia de algunas comunidades autónomas de convertirlas en policías integrales".
"El ministro del Interior lo ha revelado con total y absoluta claridad: no hay intención de desarrollar más allá a las policías adscritas, más allá de lo que ya tienen. No se van a constituir más policías integrales", zanja Velázquez, que defiende que esa decisión está en "una buena línea estratégica, en la medida en que este tipo de planteamientos puede generar una mayor seguridad en todo el territorio nacional".
Por último, el director de la Policía anuncia la creación de un Servicio Nacional de Policía Científica "que aúne los conocimientos, las técnicas y la experiencia" de ambos cuerpos. También se pondrá en marcha un Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales y un Instituto de Investigación e Innovación Tecnológica en materia de seguridad. Reiteró, además, que el Gobierno pretende aumentar la dotación de efectivos de la Guardia Civil y la Policía hasta los 140.000 funcionarios al final de la legislatura.
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