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Sigue el goteo de abandonos en el sector lácteo de Cantabria. Hace una década la región contaba con un censo de 12.000 ganaderos de leche; en la actualidad no llega a los 2.000 tras el último Plan de Abandono habido en 2007, al que se han acogido 159 ganaderos que, en conjunto, suponen algo más de 18.100 toneladas de leche menos, según fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria. La región con una cuota de 470.000 toneladas asignadas por la Unión Europea (UE).

Quedan en estos momentos 1.945 productores de leche en la región. Ni la subida de precios de la leche en origen es capaz de frenar la situación, si bien ha podido influir algo, puesto que la mayoría de los abandonos solicitados hasta el 26 de diciembre, fecha en la que se cerró el plazo, corresponden a jubilaciones. Son explotaciones de menos de cien mil kilos de cuota y ganaderos sin sucesión generacional. Hay abandonos de un millón de kilos de cuota, de 500.000, 400.000 y 300.000 kilos... De esta cantidad para abajo el resto de explotaciones. Panorama incierto para la ganadería, no solamente de Cantabria sino de España.

Al anterior Plan de Abandono se acogieron 233 ganaderos de la región, lo que supuso 25.000 toneladas de leche en conjunto. En dos años han desaparecido del sector lechero cántabro 392 ganaderos y del orden de 45.000 toneladas.

El nuevo Plan permite a las explotaciones (algo que no contemplaban los anteriores) abandonar el 50 por ciento de su producción. Años atrás se podía llevar a cabo la venta de cuota entre ganaderos particulares. Ahora no. Al desaparecer el mercado libre hace dos años la adquisición de cuota y el reparto de las mismas se hace a través del Banco de Cuotas de la Reserva Nacional creado por el Ministerio de Agricultura. Este año se va a pagar a 0,19 euros el kilo de leche; el anterior se cotizó a 0,27 céntimos.

Parte de la cuota abandonada pasa a la Reserva Nacional y el resto queda en poder de las comunidades autónomas, para proceder posteriormente al reparto entre los ganaderos lácteos que queden. Este año no habrá reparto, se hará el año próximo. La idea de la Administración es que al menos el 80 por ciento de los kilos que se abandonen pasen a cada una de las comunidades autónomas.

Los ganaderos que dejan el sector pueden seguir entregando leche hasta el 31 de marzo, en que finaliza la campaña de 2007. Después de esta fecha queda totalmente prohibido. La nueva campaña comienza en abril. La incorporación de jóvenes al sector es mínima, tanto en Cantabria como en otros lugares de España. La mayoría no le encuentra atractivo como para apostar por él; prefieren buscar otras ocupaciones.

Los planes de abandono de cuotas se iniciaron en 1992 y desde 1997 ha habido uno por año, oscilando los ceses entre el 9 y el 11 por ciento. El pasado año y el anterior los porcentajes subieron ligeramente. En 2015 desaparecerán totalmente las cuotas lácteas en la UE; por tanto, producciones libres y mercados libres para todos a raíz de esa fecha.

Ultimamente se viene hablando de un incremento de producción de cuota láctea para todos los países de la UE, pendiente de su aprobación definitiva, pero se oponen Francia y Alemania, países exportadores de leche y de productos lácteos. Se barajan porcentajes de un dos por ciento.

En España se pretende que el aumento sea superior al dos por ciento que propone la Comisión Europea. En la reunión semanal del Comité Especial de Agricultura que prepara los trabajos de los ministros, la delegación española consideró que el margen para aplicar un aumento de la cuota debe ser más elevada a ese dos por ciento a la vista de la fuerte demanda de leche en el mercado frente a la insuficiente producción.

Excepto Francia y Alemania, defienden esa posición el resto de los países de la UE a partir de la próxima campaña. En una reunión mantenida el martes con las organizaciones agrarias el director general de Ganadería, Carlos Escribano, afirmó que España se encuentra en el grupo mayoritario, el de los países que apuestan por un aumento de cuota.

Precisa Escribano que para España lo ideal sería que se estableciera un incremento diferenciado en función de la situación entre oferta y demanda de cada miembro, y que lo más probable es que el aumento sea del mismo porcentaje para todos. Apuntó que al menos debería rondar entre el 4 y 5 por ciento.