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Será el miércoles 16 de abril. El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y los otros seis concejales del PP, PRC e IU imputados por un presunto delito de prevaricación están llamados a declarar ese día ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad.

Este periódico se puso en contacto ayer con los imputados que aún no habían hecho ninguna declaración pública al respecto de la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción Número 2 (Santiago Vélez , Concepción Carranza, Juan Tomás Molinero y Jaime Díez Muro). Todo ellos prefirieron por el momento guardar silencio, al igual que lo viene haciendo Rufino Díaz Helguera, un personaje clave en el asunto.

Como se ha informado, la contratación de las obras del túnel de Mioño en 2006 ha sido el origen de la intervención judicial. La investigaciones se derivan de la querella presentada el 27 de septiembre de 2006 por parte de la Fiscalía y a raíz de la denuncia presentada por cinco ediles no adscritos, todos ellos expulsados en su día del PSOE, entre ellos Rufino Díaz Helguera, actual concejal de Obras y Servicios y socio del actual equipo de gobierno.

La querella se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro (PRC) y Salvador Hierro (IU) por haber adjudicado "a dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño. La imputación se amplió después al resto de los miembros de la junta de gobierno local de Castro Urdiales en aquel momento.

Durante la instrucción, se han detectado otros hechos que podrían ser constitutivos de otros delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas. Situación que motivó la intervención el jueves de numerosos expedientes de la Gerencia de Urbanismo.

Como ya informó este periódico, se trata de una serie de obras y facturas entre las que figuran la licencia de obras de "Residencial San Pelayo", en Santullán, que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso, así como diversos proyectos de compensación, reparcelación y urbanización del sector SUNP 3 (Suelo Urbanizable No Programado), ubicado en la zona del Alto de la Loma. La Policía Judicial intervino también documentación sobre el Plan Parcial del SUNP-4, relativa a la zona del nuevo colegio de Santa Catalina, así como otro Plan Parcial en la Estación de Mioño.