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La Unión de Consumidores de España (UCE) en Albacete ha recogido ya más de 1.800 reclamaciones de usuarios afectados por la eliminación de la tarifa eléctrica nocturna, en su mayoría pertenecientes a clientes de zonas rurales que, según recordó la organización, es donde más extendida está esta modalidad de suministro por su aplicación en sistemas de calefacción por acumuladores de calor.

El presidente de UCE Albacete y también de esta entidad a nivel nacional, José María Roncero, indicó que diariamente se está tramitando una media de entre 40 y 50 denuncias dirigidas al Ministerio de Industria y al Defensor del Pueblo de España, aunque también se ha hecho partícipe del problema al Gobierno regional y al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha para que intercedan ante los organismos con competencias en esta materia. Roncero señaló que el propósito de las reclamaciones es evitar que los consumidores tengan que asumir los costes derivados del cambio de la tarifa nocturna a la nueva de discriminación horaria, que es la que se está ofreciendo a estos usuarios desde el 1 de enero, así como que se les obligue a pagar la potencia máxima durante todo el día. De esta manera, es la compañía eléctrica la que se tiene que hacer cargo del pago de los derechos de extensión por incremento de potencia -que deberá decidir el cliente- y del importe que suponga la sustitución de los distintos equipos.

El presidente de UCE señaló que el proceso para eliminar la tarifa nocturna "no tendría que afectar, en ningún caso, al usuario", y afirmó que toda la polémica que se ha generado es fruto del "trámite inadecuado" que se ha seguido en este asunto, ya que según dijo no ha habido campaña de información y el cambio tampoco ha sido elevado al Consejo Estatal de Consumidores y Usuarios para su debate.

En Albacete, las quejas de los consumidores están llegando a Consumo y a la Delegación Provincial de Industria, que las está remitiendo a la Subdelegación del Gobierno. Así lo explicó el delegado provincial de Industria, José Antonio Cabañero, quien subrayó que el Gobierno regional, a través del presidente José María Barreda, se ha posicionado para evitar que esta medida perjudique a unos 200.000 usuarios castellano-manchegos.