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El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, asegura que el nuevo tipo de vivienda de iniciativa público-privada (VIPP) con el que el Gobierno regional quiere satisfacer la demanda existente en la comunidad no se hará "en vez" de las viviendas de protección oficial, sino "además" de ellas. Barreda avanza que el gran acuerdo regional por la vivienda que anunció ante el pleno de las Cortes se firmará la próxima semana y detalla que en él tomarán parte la cúpula empresarial, los sindicatos y los promotores interesados en la construcción de este tipo de viviendas.

A su juicio, se trata de "un gran plan", sobre todo "por su simplicidad", pues se apoya en un punto de partida esencial: "la simbiosis perfecta" entre la oferta y la demanda. De hecho, ha suscitado el interés del Ministerio de Vivienda y de otras comunidades autónomas que se interesan por "cómo lo hemos articulado".

Expone que en la región hay 45.000 demandantes de este tipo de viviendas, sobre todo parejas de jóvenes mileuristas, que "pueden pagar perfectamente" una casa de entre 70 y 80 metros cuadrados, que costará 130.000 euros y por la que pagarán una hipoteca de entre 600 y 800 euros, nunca más del 30 por ciento de sus ingresos. Por otra parte, los constructores recibirán no sólo una garantía de financiación, sino también la de la venta de los pisos, continúa Barreda.

El presidente regional argumenta: "el promotor tiene interés y en este momento tiene interés en ganar algo, aunque sea menos, en un momento en el que no hacen viviendas de promoción libre, porque el mercado no las quiere, que no se venden, prefieren tener actividad y ganar algo a no tener actividad y no ganar nada".

"Es una simbiosis perfecta. Los jóvenes tienen vivienda asequible, para la cual además les vamos a dar ayudas para sus hipotecas; los promotores tienen venta asegurada, con la garantía de financiación para esas promociones, y nosotros damos salida a esta bolsa de demanda que se concentra sobre todo en las capitales de provincia, Talavera, Puertollano y en los pueblos y ciudades de más de 20.000 habitantes", resume.

Barreda reconoce que el Ejecutivo tendría "dificultades" para construir las 45.000 viviendas que se demandan en tres años, algo que sí podrán hacer "20, 25 ó 30 constructores", con lo que "todo el que necesita vivienda la va a tener".

El Gobierno seguirá construyendo las viviendas de protección "clásicas", para "aquellos que ni siquiera pueden pagar" los 130.000 euros, al ritmo de la pasada legislatura, cuando se construyeron 35.000. "Nuestro objetivo, es evidente, no es favorecer a los promotores, sino conseguir el acceso a la vivienda de los jóvenes y hacer posible que los que quiera emanciparse puedan", insiste el presidente castellanomanchego, quien añade: "si de paso a los promotores les viene bien, miel sobre hojuelas".

En este sentido, indica que otro objetivo del Gobierno es incentivar una actividad fundamental en la comunidad en un momento "de recesión", pues, recuerda, el 75 por ciento de las puertas que se pone en España se hacen en Castilla-La Mancha, como el 60 por ciento de los ladrillos y la cerámica. Barreda asegura que en esos sectores ya se nota la "recesión" y que el plan pretende incentivar la economía y el mantenimiento de los empleos.