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La ex consejera de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la socialista Rosario Arévalo, está desde ayer oficialmente imputada en el sumario que se instruye en Sigüenza (Guadalajara) a cuenta del incendio del Ducado de Medinaceli, acaecido en julio de 2005, y que costó la vida de 11 miembros de un retén forestal con base en Cogolludo.

La magistrada María del Mar Lorenzo ha dictado un auto en el que reafirma las sospechas ya reflejadas en otro anterior, emitido a finales del pasado enero (cuando también imputó al delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González).

Así, la juez afirma que Arévalo, como consecuencia de actuaciones devenidas directamente de su cargo político, pudo cometer un "delito forestal por imprudencia grave". La magistrada detecta "carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas especificas y adecuadas, la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de Incendios Forestales de Castilla La Mancha, y defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio, todo ello en relación a sus funciones encomendadas".

La decisión supone el mayor revés judicial para la Administración Regional desde que comenzó este proceso, aunque sin embargo era esperada y no sorprende. De hecho, en enero la juez no procedió a la imputación de Arévalo, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia determinara si era persona aforada. El TSJ confirmó que no el pasado 9 de mayo, y devolvió la causa a Sigüenza.

Con Arévalo, ya son 28 los imputados en el sumario. Además de la ex consejera, lo está González Egido, delegado provincial de Medio Ambiente; el alcalde y el ex alcalde de Riba de Saelices; el secretario de este Ayuntamiento, el ex director del Parque Natural del Alto Tajo, varios técnicos de la Delegación de Medio Ambiente, trabajadores del teléfono 112, varios responsables de empresas cuyos aparatos fallaron en la extinción, y los excursionistas que prendieron la barbacoa. Todos las imputaciones, salvo estas últimas de los excursionistas, se produjeron tras el cambio de jueza instructora.

Arévalo fue la única responsable política que dimitió tras la catástrofe. Sin embargo, la consejera aseguró al renunciar que lo hacía exclusivamente porque se encontraba "conmovida" por los fallecimientos, y al igual que ha mantenido la Junta de Comunidades, negó que la tragedia fuese consecuencia de una mala actuación de la administración. Pocos días después de renunciar al cargo, el PSOE la recolocó de directiva en la Empresa Nacional de Uranio.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha, el actual consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, expresó ayer su apoyo a Arévalo y a los técnicos imputados, volvió a defender la gestión de aquella extinción, y mostró su respeto por las decisiones judiciales. Además, en su particular lectura de la noticia, Guijarro dijo que la imputación supone "más que una acusación formal, una garantía procesal para quien es citado".