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El Consejo de Gobierno aprobaba el martes la construcción de 1.616 viviendas de protección por parte de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), con una inversión prevista superior a los 187 millones de euros. Unas viviendas cuya ubicación aún no se conoce y será la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la que realice la distribución en función de las demandas que existen.

Según el vicepresidente regional, Fernando Lamata, "queremos hacer nueva vivienda allí donde el registro de demandantes de VPO tiene ya acreditada esa demanda, no hacer oferta donde no haya demanda".

Lamata también hizo una valoración positiva de las adhesiones que está teniendo el Pacto por la Vivienda y resaltó que "hay ya 10 comunidades autónomas que están barajando iniciativas similares, como Castilla y León que la ha asumido, prácticamente calcada a la nuestra".

Otro de los acuerdos aprobados por el Gobierno regional fue un convenio para financiar la contratación del servicio de acompañantes de transporte escolar para el próximo curso, que se incrementará en un 14 por ciento, así como el servicio de apoyo a la gestión informatizada de los centros, con un importe total de 4,8 millones de euros. En la actualidad hay en la región 1.259 rutas de Infantil y Primaria, Educación Especial y las mixtas que transportan alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, con cerca de 700 acompañantes.

Otros acuerdos adoptados han sido el Plan de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar para los empleados públicos de la Junta, que afecta a 70.000 personas y cuenta con medidas específicas como la flexibilización de horarios o los permisos para atención médica; se invertirán dos millones de euros para la mejora de caminos rurales en la provincia de Guadalajara y 1,6 millones de euros para la ampliación del Hospital Gutiérrez Ortega, de Valdepeñas.

El vicepresidente regional también se refirió ayer al Pacto Nacional del Agua planteado por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la "buena acogida" que ha tenido por parte del Gobierno central, si bien reconoció que será muy difícil llegar a un acuerdo sobre este asunto.

Un pacto que, según Lamata, a diferencia del Plan Hidrológico Nacional, busca el apoyo "de todos los grupos y de todas la regiones" y cuyo lema es "agua para todos, sí; agua para todo, no".

Volvió a insistir en que Murcia y Valencia deben buscar alternativas al trasvase para su desarrollo económico con la construcción de desaladoras. En su opinión, se puede hacer un pacto que modifique la forma de entender la distribución del agua que existe en España.