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El consumo de todo tipo de drogas y las consecuencias que puede ocasionar el síndrome de abstinencia están detrás del 90 por ciento de los conflictos que se producen en la prisión provincial, tanto entre funcionarios de prisiones e internos como entre los propios reclusos.

No en vano, el colectivo profesional asegura que las conductas derivadas del consumo de drogas les están ocasionando "muchos problemas" de conflictividad, sobre todo teniendo en cuenta que un alto porcentaje de internos está relacionado, de una manera directa o indirecta, con el mundo de la toxicomanía. Juan Fulgencio Fernández Landa, miembro de la sección sindical estatal de Instituciones Penitenciarias por Comisiones Obreras, afirma que aproximadamente el 90 por ciento de los conflictos que se producen en el interior de la prisión provincial tienen detrás, como motivo principal, las sustancias aditivas bien por el consumo, bien por el síndrome de abstinencia.

Y es que aunque se supone que está expresamente prohibido, los psicotrópicos, la heroína y el hachís son sustancias que se consumen con facilidad en las cárceles españolas, porque, en definitiva, "las prisiones no dejan de ser reflejo de la sociedad", consideró Fernández Landa, que aseguró que los funcionarios de prisiones tienen "muchas limitaciones" a la hora de controlar el flujo de drogas en la prisión. De hecho, "cuando los familiares visitan a los internos el control se limita a un arco de metales, pero no está autorizado el cacheo", explicó el dirigente sindical, que afirmó además que los propios reclusos se buscan muchas mañas para pasar con drogas a la cárcel tras un permiso penitenciario.

Precisamente y ante el problema de enfrentamientos continuos que se producen en la prisión provincial como consecuencia de la drogadicción, Comisiones Obreras considera "imprescindible" la formación de los funcionarios de prisiones en torno a los modelos y conductas generadas por las nuevas formas de consumo de drogas.

Sin embargo, la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras (FSAP-CC OO) denuncia en este sentido la pasividad de la Administración pública con la formación y el reciclaje de sus trabajadores, fundamentalmente en aquellas materias con las que tienen que relacionarse a diario. En este sentido, Fernández Landa criticó que la Administración pública no se ocupe de la formación de los 500 funcionarios de prisiones que hay en Castilla-La Mancha y que tengan que ser los sindicatos los que asuman estas acciones formativas. No obstante, "la Administración autoriza una cantidad concreta de horas homologadas y esto nos limita a que sólo 25 trabajadores puedan inscribirse en estos cursos".

De ahí que, teniendo en cuenta las peculiaridades del trabajo de este colectivo, "reclamamos una vez más la necesidad de una formación continuada, específica y gratuita desde la Administración para todos los trabajadores penitenciarios", indica Landa, que asegura que, sin la colaboración de la FSAP, que aporta los medios materiales y humanos necesarios, "sería imposible la realización de estos cursos de formación para funcionarios de prisiones".

La crítica viene al hilo del curso de drogodependencias para trabajadores de Instituciones Penitenciarias, organizado por la secretaría de formación de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras, que será impartido por el Forem en el centro de formación del sindicato.

El curso está homologado por la Escuela de Estudios Penitenciarios, dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero al mismo no pueden acceder más de 25 trabajadores del sector.