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Según indicó el coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, a Castilla-La Mancha le siguen Castilla y León, con 166; Andalucía, con 149; y Comunidad Valenciana, con 112.

Además, el Principado de Asturias acumula 40 recursos; Aragón, 35; Galicia, 32; Cantabria, 30; Navarra, 30; La Rioja, 23; Cataluña, 13; Baleares, ocho; Murcia, seis; Extremadura, cuatro y País Vasco, uno.

La mayor parte de los procedimientos judiciales han sido admitidos por la vía de protección de los derechos fundamentales lo que, según puntualizó Bazán, resulta "esencial" porque el problema de Ciudadanía, según dijo, radica en que "pretende formar la conciencia moral de los alumnos". De este modo, recordó que esto "constituye una violación" del artículo 27.3 de la Constitución Española que garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas o filosóficas.

FALLOS JUDICIALES

Por su parte, los fallos judiciales que respaldan a los padres que han objetado ascienden en la actualidad a 123, entre sentencias y autos que estiman medidas cautelares -- provisionales que declaran al alumno exento de asistir a clase hasta que se dicte sentencia--.

Por autonomías, Andalucía suma 15 sentencias y 70 autos de medidas cautelares; Aragón 10 autos de medidas cautelares; Castilla-La Mancha, cuatro autos de medidas cautelares; La Rioja, 23 sentencias y Extremadura un auto de medidas cautelares.