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Después de que en los últimos días las críticas hacia el Plan de Vivienda propuesto por el presidente Barreda hayan arreciado, sobre todo desde el Partido Popular, que no ve "claro" este programa de apoyo al sector de la construcción, el vicepresidente del Gobierno regional, Fernando Lamata, compareció ayer sábado, algo poco habitual, para dar algunos detalles de lo que será este plan de Viviendas de Promoción Público-Privadas (VIPP), que se firmará mañana lunes con la presencia de la ministra Beatriz Corredor.

El plan se ejecutará en 39 municipios de la región donde hoy existen 100 o más personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública. Lamata dijo que los jóvenes serán los más beneficiados con esta medida, ya que prácticamente el 75por cien de las 47.000 personas inscritas en este Registro de Demandantes pertenecen a esta franja de edad.

En la provincia de Toledo se actuará en la capital, donde hay 6.137 demandantes, Talavera de la Reina (5.071), Illescas (907), Alameda de la Sagra (173), Mocejón (173), Burguillos de Toledo (138), Yuncos (138), Mora (134), Casarrubios del Monte (118), Bargas (114) y en Quintanar de la Orden (100).

Lamata defendió este plan asegurando que dará respuesta a las dos mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos: el acceso a la vivienda pero también el empleo, ya que permitirá la reactivación del sector de la construcción. Y aprovechó para criticar al PP, personalizando en su presidenta regional, María Dolores de Cospedal, por no apoyar el plan. El vicepresidente regional se mostró "extrañado y sorprendido" por las críticas de los populares, pues esperaba que elogiaran "a un gobierno responsable que da respuesta a las preocupaciones de la sociedad".

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha también se refirió a la autorización hecha por la Comunidad de Regantes de Villena, en Alicante, para vender agua del Vinalopó a una empresa para ser embotellada y vendida.

Lamata reclamó al Gobierno de España, en concreto a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, una investigación y un informe completo sobre este asunto y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que se cuestione el trasvase previsto desde este río hasta el Vinalopó hasta que se aclare esta operación, que calificó de "inmoral".

El vicepresidente dijo que el Gobierno de Castilla-La Mancha está "indignado" por esta situación y consideró "inaceptable" que se plantee una operación especulativa para embotellar agua del Vinalopó mientras se está reclamando un trasvase a este río desde el Júcar para poder vivir y beber. "Es un escándalo y una tomadura de pelo", agregó Lamata.

También reclamó al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que se pronuncie sobre este asunto y, en lugar de alegar que es un asunto privado, rechace la operación especulativa pues, según Lamata, se quiere vender el agua a un precio cien veces más caro.