Noticias Ya.com

La llegada de los juicios rápidos a los tribunales albaceteños, si bien ha favorecido la mejora de la protección de las víctimas de malos tratos y ha evitado que se retiren mayor número de denuncias, no ha logrado que se dicten sentencias condenatorias inmediatas, ya que una ínfima mayoría de maltratadores reconoce su culpa ante el juez en las primeras diligencias. Según la memoria de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, facilitada a esta redacción, tan sólo un 2 por ciento de los acusados admite ser maltratador en la celebración del juicio rápido, por lo que los jueces se ven en la obligatoriedad de señalar la celebración de la vista oral, donde ya se produce la sentencia judicial.

A lo largo del pasado año, la Asociación Themis, dentro de su programa gratuito de asistencia jurídica a víctimas de malos tratos, ejerció la acusación particular de 200 mujeres maltratadas en la provincia de Albacete, entre las que ya empiezan a despuntar, con un 10 por ciento, las inmigrantes agredidas, especialmente procedentes de países latinoamericanos. Para la abogada Gloria Reales, miembro de la asociación Themis, mientras los juicios rápidos permiten establecer, en un plazo máximo de 72 horas, medidas cautelares para proteger a la víctima, fiscales y jueces están siendo "algo leves" a la hora de solicitar y de dictar sentencias contra los que son capaces de agredir a una mujer.

Por lo general, las abogadas de la acusación particular piden contra los agresores penas por los delitos 173.2 de maltrato habitual, tanto físico como psicológico; por el 153.2 de maltrato puntual, delitos por amenazas y faltas por injurias e insultos y, en ocasiones, condenas por delitos de quebrantamiento de medida cautelar o condena. La última reforma del Código Penal establece la pena de entre 6 meses y 3 años de cárcel para el maltrato habitual, y de entre 6 meses y un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días en caso de cometer una agresión puntual. Aunque el comportamiento de los fiscales va siendo "bastante adecuado" en opinión de Gloria Reales, la letrada también lamentó que la mayoría de ellos, en aplicación al artículo 153.2 del Código Penal, opten por solicitar al juez trabajos en beneficio de la comunidad, una alternativa que no llega a cumplirse porque, al no encontrar sitios donde desarrollarla, "las condenas prescriben".

En cuanto al proceder de los jueces en Albacete, la letrada aseguró que, si bien las penas dependen de la gravedad de los hechos, muchas de las sentencias admiten los trabajos en beneficio de la comunidad y, de aplicarse el delito 173.2, los magistrados marcan penas inferiores a los dos años de privación de libertad, con lo cual "los agresores no van a la cárcel si no tienen antecedentes penales", es decir que, en ausencia de asesinato y de reincidencia, "los agresores no están en la cárcel". En este sentido, desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis se sostiene que las penas contenidas en el Código Penal "están bien", aunque "nos gustaría que se aplicasen con mayor rigor y que no fueran tan leves ni por supuesto en beneficio de la comunidad", aseguró Gloria Reales.

Por otra parte, la abogada albaceteña quiso poner el acento en el aumento que han experimentado las denuncias interpuestas por mujeres adolescentes que son agredidas por sus novios o ex novios, igual de jóvenes que ellas. Por lo general, estos episodios se producen cuando se corta la relación entre ambos, momento en el que se suceden casos de acoso, insultos, persecuciones, llamadas telefónicas, amenazas, empujones. Lo más lamentable es que estas adolescentes, con 16 y 17 años, entienden estos incidentes como "algo normal" por los celos que generan la ruptura. Es por ello que este colectivo juvenil que ya sufre la esquizofrenia de algunos hombres sólo acude a la denuncia cuando el acoso es reiterado. Lo positivo, la solidaridad de los jóvenes que actúan como testigos en los juicios orales.