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El Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha que, en el decreto de admisión de alumnos de 2004, estableció que los centros que recibieran financiación pública no podrían separar a los alumnos por cuestión de sexo.

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha expresó ayer su satisfacción por la sentencia del Supremo, que estima el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional contra la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que había dado la razón a la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en su recurso contra el decreto. Ahora, el Supremo, en una sentencia reconoce que la Administración puede exigir a los centros concertados la enseñanza mixta para recibir financiación pública.

La sentencia argumenta que los criterios de admisión son competencia de la Administración educativa que podrá exigir a los centros concertados la enseñanza mixta de niños y niñas, precisamente para garantizar la libertad de los padres a elegir centro, y no conceder el concierto en caso de que exista alguna discriminación de este tipo.

La Junta recordó que el año pasado el Supremo anuló otra sentencia del TSJC-M a favor de la Federación Española de Religiosos-Titulares de Centros Católicos de Castilla-La Mancha (FERE-CECA) y la Federación de Centros de Educación y Gestión de Castilla-La Mancha en la que afirmaba que "el decreto de admisión no vulnera la Constitución española ni el derecho a la educación recogida en ella". El Gobierno regional asegura que en los cinco años que ha funcionado el decreto ha quedado demostrado que "garantiza y amplía la libre elección de centro".