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El Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas de Sevilleja de la Jara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, está trabajando en la recuperación de un ejemplar de hembra adulta de águila perdicera hallada herida el pasado 30 de noviembre en las inmediaciones de Mandayona (Guadalajara).

Este animal fue encontrado por un agricultor y entregado a los agentes medioambientales de la zona que la recogieron y llevaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Guadalajara desde donde, tras su análisis y estabilización, se envío al CERI para su intervención quirúrgica.

Según explicó el director general del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, tras varias intervenciones "no quedó más remedio que proceder a la amputación de parte del ala, quedando el ejemplar imposibilitado para volver a volar, y por tanto, para la vida en libertad". El informe emitido por el CERI confirma que la herida y los numerosos orificios encontrados en las plumas se realizaron por disparo de escopeta de caza que se produjo el mismo día que se encontró el ave.

El águila perdicera es una especie catalogada "en Peligro de Extinción" a nivel regional, debido al acusado descenso de sus efectivos poblacionales durante los últimos 25 años, indicó José Ignacio Nicolás. En la Península Ibérica, donde vive el 75 por ciento de la población europea de esta especie, su número ha descendido de 1.000 parejas a 700 y, en concreto, en la provincia de Guadalajara se ha pasado de unas 30 parejas, en la década de 1980, a 13 actualmente. El ejemplar abatido es la hembra del territorio situado dentro del Parque Natural del Barranco del Río Dulce.

En opinión del director general, "este derrumbe poblacional se debe especialmente a la escasez de su presa principal como es el conejo, a las electrocuciones y a los disparos. Pero esta última causa, que se creía cada vez menos relevante, ha aumentado en nivel incidencia en los últimos años habiéndose constatado la muerte por disparo de al menos tres ejemplares adultos radiomarcados en los dos últimos años."

Para Nicolás, el hecho acaecido en Mandayona "constituye una infracción muy grave" según la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla la Mancha, que está sancionada con multas entre 60.101 y 300.506 euros, pudiendo llegar incluso al cierre del Coto de Caza si se demostrase que ha sido abatida en él".

Asimismo indicó que el hecho de matar una especie protegida constituye además un delito según el Código Penal y, por tanto, podría ser castigado hasta con dos años de prisión. En este sentido, según explicó el responsable de Medio Natural "en este momento, se están ultimando las investigaciones y los correspondientes informes para poner el caso en manos de los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural".