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La opacidad sigue rodeando el caso de la crisis que afecta a la empresa Juan Nicolás Gómez e Hijos, la más importante de la provincia en obra pública, al borde de la presentación del concurso de acreedores, cuyo documento ya ha sido elaborado por la empresa pero sin que se haya podido confirmar su presentación aún en el Juzgado. Mientras tanto, acreedores y empleados siguen esperando el cobro. Quienes sí mostraron ayer su preocupación son algunas de las administraciones con las que esta empresa tiene contratada obras por varios millones de euros.

En este sentido, el más explícito fue el presidente de la Diputación, José Manuel Tofiño, quien consideró "viable" la enajenación de las acciones de la empresa, si bien a renglón seguido advirtió en el caso de que nadie las compre, la Diputación "tomaría medidas para el mantenimiento de las carreteras provinciales".

Y es que la empresa Juan Nicolás Gómez e Hijos, a través de la filial Explotaciones Viarias de Toledo, de la que es propietaria del cien por cien de las acciones, es la adjudicataria de la Zona 1 (Talavera y Torrijos) del Plan de Conservación y Mejora de las Carreteras de la Red Provincial, dividido en tres zonas. El montante del presupuesto de las obras del área asignada a Juan Nicolás Gómez e Hijos es de 20 millones de euros, además del mantenimiento de la misma durante veinte años, con una inversión anual de 2.180.000 euros. Por eso, el presidente de la Diputación ve positiva la posibilidad de que las obras de esa zona pudieran ser readjudicadas a otra empresa.

Además, fue la misma constructora la que hace un tiempo comunicó a la Diputación Provincial la más que probabilidad de que no pudiera hacer frente a la necesidades de la concesión que le fue adjudicada, por lo que planteó la posibilidad de llevar a cabo la venta de las acciones de la empresa creada para el mantenimiento de las carreteras.

Para abordar este asunto, y tras el informe favorable de los técnicos de la Diputación acerca de la viabilidad de la enajenación de las acciones y después de lograr el consenso con el Partido Popular, el pasado 2 de julio la Diputación celebró un pleno extraordinario que autorizó a la empresa a la venta de sus acciones.

Fuentes de la Diputación señalaron a este periódico que el objetivo de la institución es conseguir que las obras no se paralicen por la suspensión de pagos que pueda presentar de forma inminente la empresa, salvo operación salvadora de última hora. Por eso son partidarios de la transmisión con normalidad a otra empresa con garantías y que cumpla los requisitos legales necesarios.

En la misma situación puede encontrarse la Junta de Comunidades, para la que Juan Nicolás Gómez e Hijos está construyendo en estos momentos varias depuradoras, entre otras obras. Lógicamente, la paralización de estas obras podría llevar a una readjudicación de las mismas a través de un procedimiento abreviado, o bien optando algunas de las empresas que en su día concurrieron a los respectivos concursos.

En todo caso, el vicepresidente de la Junta se refirió ayer a situaciones como esta, señalando que no existe una "receta específica" para aplicar en todos los casos, sino que el Ejecutivo mantendrá las medidas que ha aplicado y seguirá aplicando en los próximos tiempos.

Añadió que el Gobierno de Castilla-La Mancha es consciente de que en los próximos dos años habrá empresas de la Comunidad que "lo van a pasar mal" y que se generarán situaciones de distinto perfil, a las que la batería de medidas que ha dispuesto se adaptarán "de forma personalizada, de manera individualizada".

La fórmula a aplicar por el Gobierno es la de tratar de aprovechar su "solvencia" en los mercados financieros para movilizar recursos a favor de las empresas en buenas condiciones de financiación y, cuando se producen medidas drásticas como las regulaciones de empleo, negociar para buscar la mejor solución para los trabajadores, la empresa y la economía regional.

Pero las medidas aprobadas se irán adaptando a cada caso, puesto que cada situación tiene un perfil diferente y no hay "una receta estática", por lo que la Junta, según señaló Lamata, pretende responder "de manera personalizada, de manera muy individualizada".

El vicepresidente aseguró que el Ejecutivo mantendrá esta política, ya que es consciente de que en los dos próximos años "habrá empresas de Castilla-La Mancha que lo pasen mal; las habrá que tengan que cerrar, y algunas ya lo han hecho".

A su juicio, cuenta con las ventajas de su solvencia en los mercados y en las instituciones, de la creciente diversificación de la economía regional y, "lo más importante", el acuerdo con sindicatos y empresarios para "trabajar todos codo con codo para buscar las mejores soluciones".

En relación con el sector de la construcción, el peor parado, Lamata también explicó que el Gobierno regional ve con buenos ojos la idea lanzada por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de que el Gobierno compre suelo a promotores privados para construir viviendas protegidas.

Según el vicepresidente primero, la propuesta "suena bien", y va en la misma dirección "aunque con distinta metodología" que el Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha, que busca "que se ponga en movimiento" el suelo privado para construir viviendas protegidas.

La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, destacó ayer que su Departamento velará por que se mantenga el mayor número posible de puestos de trabajo en la empresa Puertas Visel, que ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a un centenar de trabajadores.

Rodríguez explicó que, presentado el ERE, se iniciará un periodo de consultas y negociación entre los representantes sindicales y la empresa para tratar de paliar al máximo posible las consecuencias de dicho expediente. Será después cuando la Consejería de Trabajo y Empleo actúe "con el mismo objetivo que entramos en todos los ERE: velando por mantener el mayor número posible de puestos de trabajo".