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Así, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció ayer en el pleno de las Cortes -tal y como se informa en las páginas nacionales de Economía- que se va a crear una nueva tipología de vivienda que se denominará "de iniciativa público-privada" (VIPP). Pero lo más novedoso, según dio a conocer Barreda, es que el Gobierno regional ofrece una doble garantía a los promotores de estas viviendas, por un lado la financiación oportuna y, sobre todo, que asegura que todas las viviendas estarán compradas desde el momento del inicio de la obra.

Para sacar adelante este plan, Barreda anunció su intención de concretar un Pacto de la Vivienda con todos los agentes sociales, empresarios, sindicatos, constructores, fuerzas políticas y grupos parlamentarios. El presidente señaló que las 40.000 personas que en la región demandan una vivienda necesitan de este esfuerzo de unidad.

De manera concreta, Barreda destacó sobre este nuevo tipo de vivienda de iniciativa público-privada, en referencia a los promotores, "que las vamos a comprar o les vamos a facilitar un comprador", o de lo contrario el Ejecutivo garantizará la compra, lo que a juicio de Barreda supondrá "un gran estímulo".

Por su parte, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, manifestó que apoyará el gran acuerdo de vivienda propuesto por José María Barreda solamente si es para cumplir la promesa del Gobierno de construir 50.000 viviendas en la legislatura y crear una ley de garantía de acceso a la vivienda, de forma que quien demande una vivienda la tendrá en menos de un año.

Naturalmente la propuesta fue bien acogida por las asociaciones de empresarios, cámaras de comercio y constructores de la región, ya que era una demanda que estaba encima de la mesa de la Junta desde hacía meses. Como ya informó ABC, a la vista de la crisis que se avecinaba, los constructores empezaron a demandar una nueva figura de vivienda protegida para hacer frente a la caida del mercado libre. La propuesta inicial del mes de enero hablaba de "viviendas de protección autonómica" y de la construcción de 500.000 en un periodo de diez año.

Sin embargo, cualquiera de las propuestas siempre pasaba por una cuestión fundamental: la disposición de suelo a precio asequible, de forma que su repercusión en el precio final de la vivienda pasara de representar un 50 por ciento a sólo un 20 por ciento.

Tras el acuerdo, eso es lo que se va a poner en marcha con la nueva legislación del suelo, que deberá estar en vigor a principios de verano para que los proyectos empiecen a desarrollarse. Según fuentes consultadas por ABC, estas viviendas tendrían en su mayoría unas dimensiones de entre 70 y 90 metros cuadrados construidos, mientras que su precio en el mercado oscilaría entre los 130.000 y 160.000 euros. Según los cálculos, y en referencia al pago por parte de los compradores, las condiciones de financiación hipotecarias apuntan a unas cuotas mensuales de 500 euros.

Comisiones Obreras calificó ayer la propuesta de Barreda, y a afalta de ver los detalles y la aplicación de dicho acuerdo, de "audaz" y "necesaria". Destacó que con esta iniciativa se afrontan dos problemas: la desaceleración de la construcción y la demanda de vivienda protegida.

En el pleno de ayer se produjo un debate general sobre la construcción en el que el PSOE sacó adelante con su mayoría una iniciativa genérica para que el Gobierno aplique medidas para reactivar el sector de la vivienda, pero se opuso a una propuesta de resolución del PP que, entre otras cuestiones, pedía la construcción de las 50.000 viviendas prometidas por la Junta para esta legislatura.