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Raro es el conductor, ni tan siquiera entre los más prudentes, que puede presumir de tener un expediente limpio. El mayor número de controles y las mejores herramientas con las que se dota a los agentes de la autoridad, se ha traducido en un aumento, en sólo dos años, de un 18 por ciento en las sanciones de tráfico impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de Albacete. Nada más y nada menos que 54.000 multas tramitó Tráfico el año pasado, a las que hay que sumar las miles de sanciones que imponen los ayuntamientos pues cada vez son más los municipios dotados con Policía Local.

Al calor de esta frenética actividad sancionadora, han surgido en los últimos años empresas especializadas en la gestión de recursos de multas. Su labor es hacerse cargo de todo el papeleo, decidir si es recomendable pagar a la primera o, por el contrario, conviene recurrir hasta el final para conseguir que la multa muera víctima de la burocracia o, al menos, reducir el importe de la sanción o retrasar el pago. Trafigest es una de las empresas pioneras que entró en este negocio hace más de una década. Con oficinas en Alicante y Albacete, se hacen cargo de la gestión de más de 3.000 sanciones al año, y eso que ésta no es la actividad principal de este despacho de abogados.

Entre sus clientes hay de todo, desde empresas que tienen una numerosa flota de vehículos o agentes comerciales que están todo el día en el coche "que nos llegan todas las semanas con 20 ó 30 multas", hasta el conductor doméstico que acude a ellos por una sanción concreta de la que se quejan. Estos especialistas se conocen la ley al dedillo y descubren todas las triquiñuelas legales a las que pueden agarrarse para eludir una multa. "En Tráfico nos conocen, pero saben valorar nuestro trabajo", afirma Santiago Montilla, letrado de Trafigest, que asegura que este servicio tiene una aceptación absoluta entre los conductores, sobre todo, a raíz de la entrada en vigor del carné por puntos.

Dice, por su experiencia, que cada vez son más los conductores que se deciden a recurrir sus multas, "quizás porque las sanciones son más graves", apunta. En la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete estiman que de los 54.000 multas que pusieron en 2007, un 22 por ciento fueron recurridas en un primer momento mediante el pliego de descargo, aunque sólo el 6 por ciento continuaron adelante con el recurso de alzada, paso previo a la vía judicial.

Y, ¿en cuántos casos Tráfico dar la razón al conductor? Pues según el jefe provincial, Ventura Hernando, en muy pocos: "el 98,5 por ciento de las sanciones se confirman". Estas empresas recurren en vía administrativa casi todas las multas que caen en sus manos. Conocedores de los exigentes requisitos y plazos que marca el procedimiento administrativo español, la ley, recurren la sanción y "vigilan" que Tráfico o el ayuntamiento que la ha impuesto respete todos y cada uno de estos pasos, "en el momento en el que se saltan uno, ya tenemos una vía para anular o hacer que caduque la sanción". Es decir, esperan a que la administración se equivoque. Hecha la ley, hecha la trampa, que diría el refrán.

No obstante, hay sanciones que no interesa recurrir, sobre todo cuando son multas de cuantías elevadas y cuyo recurso difícilmente prosperaría. En estos casos, el consejo al conductor es pagar cuanto antes y beneficiarse del descuento del 30 por ciento que Tráfico aplican a quien paga la multa y renuncia a hacer alegaciones. Las multas de exceso de velocidad y las de alcoholemia son las que más se recurren, de las que impone Tráfico, "éstas son las sanciones que más crispan al ciudadano". Ante los ayuntamientos, los recursos suelen ser por aparcamientos indebidos o zona azul.

"El volumen de sanciones que hoy por hoy están imponiendo la Guardia Civil y las Policías Locales, -explica Montilla- dan lugar a una cantidad de trabajo para los funcionarios que gestionan las multas que, en ocasiones, se les pasan los plazos". Y eso es precisamente lo que aprovechan estos expertos "quitamultas" quienes admiten que Tráfico es más escrupuloso en el cumplimiento de la ley que los ayuntamientos, "no sé si es porque tienen menos capacidad de gestión o porque no siguen con la misma rigurosidad el procedimiento administrativo, pero quitar una multa de Tráfico es más difícil que una impuesta por un ayuntamiento". El jefe provincial de Tráfico, por su parte, confirma que cada vez son más ágiles en la gestión, "el recurso a una multa ya no es un obstáculo, ahora somos muy rápidos, sabemos que antes se hacía el recurso con la esperanza de que se paralizase el proceso eternamente, pero eso ya se ha acabado". En Trafigest admiten que cada vez es más difícil que Tráfico cometa errores, "ha crecido mucho el parque de vehículos, la administración se ha informatizado y tiene una gran capacidad para gestionar una cantidad ingente de multas, es más difícil que cometan un error de lo que lo era hace diez o quince años", explica Montilla que, a continuación, apunta el éxito de estas empresas "el secreto está en ir por delante de la administración".

El cumplimiento de los plazos no es lo único que vigilan estos expertos, sino que están atentos a que si el cliente al final tiene que pagar la multa "esta sea justa y se haya impuesto con todas las garantías y derechos que tiene el administrado". Comprobar si el radar que ha detectado el exceso de velocidad ha sido sometido a las revisiones periódicas que marca la ley, por ejemplo, es una de las comprobaciones que se hacen ante una multa por superar los límites de velocidad, "el conductor tiene derecho a saber si el radar ha sido validado y si no ha sido revisado en los últimos seis meses, pues puede pensar que no funciona bien", explica Montilla.

Y, cuando se agota la vía administrativa, ahí están los tribunales. En Trafigest, un 20 por ciento de las multas que recurren terminan en los juzgados, "somos muy cautos, ese paso sólo lo damos cuando merece la pena seguir peleando, pues el proceso se encarece", explica Montilla, que, sin embargo, apunta que prácticamente todas las multas de tráfico que terminan en los juzgados se ganan. Estadísticamente son muy pocas las multas que terminan siendo estudiadas por un juez, según Tráfico menos de un 3 por ciento de las sanciones ante las que se impone recurso de alzada terminan en la vía contencioso-administrativa.