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La sala de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, fue el escenario ayer de la constitución de la Comisión Mixta de Seguimiento de Siniestralidad Laboral en la Comunidad. Este órgano se encargará de velar por el cumplimiento del convenio de colaboración que hace un año firmaron el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con el objetivo de coordinar las actuaciones entre ambas administraciones en los casos de accidentes laborales o de infracciones graves o muy graves de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

La consejera de Trabajo y Empleo, Mª Luz Rodríguez, y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, fueron ayer los encargados de presidir la primera reunión de esta comisión que tuvo el objetivo de evaluar el funcionamiento de las actuaciones en coordinación que se han llevado a cabo durante este tiempo. La comisión, que se reunirá una vez al año, estará compuesta por dos representantes de la Junta de Comunidades, a propuesta de la Consejería de Trabajo y Empleo, uno de ello será el director general de Seguridad y Salud Laboral, en este caso Julián Martín, y por otros dos de la Fiscalía, uno el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Albacete, Emilio Fernández, y el fiscal especializado en siniestralidad laboral, Ramón Sánchez Melgarejo.

Antes de iniciar la reunión el fiscal superior de Castilla-La Mancha recordó que, aunque formalmente la comisión se constituyera ayer, las medidas contempladas en el convenio suscrito entre Barreda y Conde-Pumpido "se vienen aplicando desde el momento de su firma". Para José Martínez, administración y Fiscalía tienen "intereses coincidentes porque actúan en defensa de los intereses de trabajadores y empresarios, porque los accidentes de trabajo afectan por igual a los dos, aunque cuando los casos más graves llegan a los tribunales el trabajador llegue como víctima y el empresario como acusado".

El fiscal superior de Castilla-La Mancha recalcó que el objetivo común que se persigue es la reducción de los accidentes de trabajo. Por su parte, la consejera recordó que el objetivo del convenio es la coordinación y el intercambio de información entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía con el fin de agilizar los procedimientos.

De este modo, en los casos más graves, la Inspección de Trabajo remite la documentación a la Fiscalía para que analice si existe incidencia criminal. Así, la autoridad laboral sólo remite la documentación a los tribunales en los casos en los que un trabajador pierda la vida o resulte gravemente herido para que estudie si existe alguna responsabilidad penal del empresario. También se envían aquellos en los que existen infracciones graves o muy graves con circunstancias agravantes como la reincidencia por parte del empresario o que se ponga en riesgo a colectivos vulnerables como jóvenes menores de 18 años o mujeres embarazadas, así como las actas de paralización de los trabajos.

Desde que se firmó el acuerdo, en marzo del pasado año, la Inspección de Trabajo ha enviado a la Fiscalía medio centenar de actas de infracción para que sea ésta la que determine si existen indicios de criminalidad e inicia así un procedimiento penal o se archiva la causa, con lo que se reabre la vía administrativa. Es precisamente este aspecto el que se beneficia en mayor medida de la coordinación entre ambas instituciones puesto que en el momento que se envía el acta de infracción a la Fiscalía se paraliza el trámite administrativo, y si se archiva la vía penal, se reabre el expediente sancionador por la vía administrativa al empresario que no cumpla con la normativa en materia de seguridad laboral.

De las 50 actas de infracción enviadas por la Inspección a la Fiscalía, 44 lo fueron durante el 2007 y las seis restantes en el presente ejercicio, aunque ayer no se precisó en qué punto habían terminado las causas pendientes. "Ahí radica la importancia de intercambiar la información y hacerlo con la mayor agilidad para hacerlo con la mayor eficacia posible", indicó Mª Luz Rodríguez.