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Cuando el pasado 30 de junio se anunció a bombo y platillo desde el Gobierno regional y las instancias empresariales beneficiadas por la resolución del Ministerio de Fomento -tras el visto bueno del Colegio de Comisarios de la Unión Europea- que autorizaba definitivamente el proyecto del aeropuerto de Ciudad Real, sin duda muy beneficioso no sólo para esta provincia sino para la región, no se dio toda la información que esa aprobación llevaba consigo.

Hasta conseguir vía libre para que la Unión Europea aprobara la nueva infraestructura aérea, los promotores han tenido que superar dos declaraciones de impacto ambiental negativas y ahora a la tercera fue la vencida, pero lo que no se dijo es que la solución se ha alcanzado a costa de endosar a la provincia de Toledo, concretamente en la comarca de Torrijos, la compensación de que la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Campo de Calatrava haya quedado afectada por los terrenos del aeropuerto. El empeño y la presión empresarial durante los últimos nueve años para sacar adelante este proyecto, que se había convertido en un objetivo prioritario de la Junta y de su presidente, José María Barreda, se ha culminado con éxito, pero las consecuencias para la provincia de Toledo están por ver.

Una de las condiciones para alcanzar el acuerdo final era la creación, como medida compensatoria, de una nueva ZEPA de las mismas características que la del Campo de Calatrava en una zona comprendida entre Toledo y Torrijos, con una superficie aproximada de 70 millones de metros cuadrados. La primera consecuencia de esta medida, llevada con el mayor de los sigilos y sin información de ningún tipo, salvo la recogida entre las miles de páginas del Boletín Oficial del Estado, es el bloqueo del desarrollo urbanístico de los terrenos de los pueblos de Toledo que queden afectados por la nueva zona de especial protección para las aves,

Así se recoge en el punto sexto del apartado de medidas compensatorias de la resolución de trece páginas dictaminada por el Ministerio de Medio Ambiente. En la misma se formula la declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto de «Aeropuerto de Don Quijote» de Ciudad Real, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 23 de febrero de 2006.

En dicho punto sexto se dice textualmente lo siguiente: «teniendo en cuenta que, según la directiva 79/409/CEE, la compensación ha de ser de las mismas características en cuanto a aves y terrenos esteparios que los terrenos de la ZEPA afectados por el aeropuerto, una vez acordado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio de su competencia en la propuesta para la designación de nuevas ZEPAS, se designará una nueva ZEPA en la «IBA 199 de Torrijos» en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente resolución».

Por tanto, el próximo miércoles se cumplen esos seis meses para que la Junta, como competente en la materia, designe esa ZEPA «sobre una superficie mínima aproximada a la actual del Campo de Calatrava para la protección de las poblaciones de las especies de aves esteparias». La cuestión es que todo este proceso se ha llevado con gran secretismo, según han denunciado diferentes fuentes consultadas. Es cierto que la Consejería de Medio Ambiente ha realizado las oportunas consultas en los terrenos que resultarían afectados, pero sin mayor información acerca de la finalidad que se persigue.

Según se ha podido saber, y aunque todavía los límites de la ZEPA no están definidos de manera oficial, las 7.000 hectáreas de su perímetro afectarán a los municipios de Villamiel, Rielves, Bargas, Albarreal de Tajo, Gerindote, Barcience y Burujón. Casualmente, o no por casualidad, según las fuentes consultadas por ABC, todos estos pueblos, con la excepción de la localidad de Gerindote, están gobernados por alcaldes del PSOE.

Algunas de esas fuentes, aparte de manifestar su extrañeza respecto al hecho de que se pueda canjear sin más zonas que dependen de las costumbres de las aves migratorias y que tienen que ver con la propia naturaleza, apuntaron a los efectos negativos que desde el punto de vista del desarrollo urbanístico puede tener esta decisión, que además afecta a una de las comarcas de mayor crecimiento de la provincia.

En primer lugar, la creación de la ZEPA impediría la posibilidad de promover cualquier PAU en suelo rústico, pese a la demanda de la comarca, en algunos de cuyos municipios se han aprobado ya importantes promociones.

No obstante todo lo anterior, y a pesar de que legalmente sólo quedan tres días para cumplir con la exigencia europea de definir el área de la nueva ZEPA y de comunicar su creación a la Unión Europea, al parecer la Consejería de Medio Ambiente podría no haberlo hecho aún. Incluso, podría darse el caso de que la opción inicial pudiera ser la de asumir la multa de Europa hasta madurar mejor la idea.