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Los miembros de este grupo habían constituido dos empresas ficticias que, sin ejercer actividad alguna, formalizaban contratos y gestionaban el alta en la Seguridad Social a inmigrantes a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 600 y 2.000 euros.

Los cabecillas de este grupo, de origen nigeriano, convencían a ciudadanas españolas para constituir empresas a su nombre con esta finalidad. Uno de los investigados era el encargado de contactar con las víctimas, proporcionarles la documentación que debían firmar y presentarla en las Oficinas de Extranjeros.

Hasta el momento han sido detenidas tres personas, entre ellas dos abogados que realizaban los trámites en las Oficinas de Extranjería, que están acusadas de delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación y estafa.

Los detenidos son Eva P. S., de 30 años de edad y nacionalidad española; Anselmo R. S., abogado de 40 años y nacionalidad guineana y Lovette Collins O. E. , abogado de 33 años y nacionalidad nigeriana.

Además, otros 22 sujetos de origen nigeriano han sido detenidos en Madrid y Toledo por falsificación documental.

La operación policial, realizada por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, a requerimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid, ha destapado una deuda a las arcas públicas de más 668.000 euros en un periodo de dos años.

Los falsos contratos y los periodos de carencia permitían a los trabajadores acceder a prestaciones por desempleo o maternidad. Incluso, muchos de estos extranjeros, tras el alta, habían realizado abonos periódicos de unos 300 euros mensuales a las falsas empresas en concepto de Seguros Sociales, cantidades que los estafadores se apropiaban después. La investigación continúa y no se descartan más detenciones.