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La portavoz de Izquierda Unida, Rosario Gualda, a la sazón socia de gobierno de los socialistas, consiguió que el pleno de ayer se posicionase en contra del publicitado Pacto de Vivienda del Gobierno de José María Barreda gracias al apoyo de los 13 concejales del PP. Los 13 ediles del PSOE, por supuesto, votaron en contra de este rechazo y respaldaron la política de vivienda de la Junta. Aunque el concejal de Vivienda, Agustín Moreno, tuvo que comprometerse en público con la portavoz de IU a no promover desde el consistorio Viviendas de Iniciativa Público Privada (VIPP) -la medida estrella del nuevo Pacto de Vivienda-. «No son de nuestra competencia y nuestro compromiso es hacer viviendas de protección oficial que es lo que de verdad les interesa a los ciudadanos», admitió el concejal socialista, respondiendo así al envite de la portavoz de IU, que le acababa de advertir de que «sin acuerdo sobre vivienda, no hay acuerdo de gobernabilidad». Gualda se dio por satisfecha porque, dijo, sabía que el PSOE «por disciplina de partido» no iba a votar a favor de su moción, pero sí que pretendía «arrancarles un compromiso de que aquí en Albacete este pacto no se va a poner en marcha». Política fracasada «La política de vivienda de la Junta ha fracasado, -aseveró la portavoz de IU- como lo demuestra la existencia de 85.000 viviendas sin vender y casi 48.000 personas a la espera de una casa en Castilla-La Mancha». En el diagnóstico que hace la coalición sobre el mercado inmobiliario atribuyen el «escandaloso» aumento del precio de la vivienda a la «ínfima inversión pública en vivienda protegida». Por eso critican que ahora que ha estallado la «burbuja inmobiliaria», el Gobierno de Barreda en lugar de cumplir su promesa de garantizar por ley el acceso a la vivienda construyendo 50.000 viviendas protegidas, presente un Pacto por la Vivienda cuya «propuesta estrella» son las Viviendas de Iniciativa Público-Privadas (VIPP) que sólo «pretenden proteger a los promotores». «Las VIPP de Barreda no son la solución, ni para frenar la crisis, ni para dar una respuesta a quien necesita vivienda», coincidió el concejal del PP, Javier Cuenca. El edil popular aseguró que lo que están esperando, sobre todo los jóvenes, que representan al 75% de los demandantes de vivienda, son viviendas de protección oficial, cuyo precio medio es de 986 euros por metro cuadrado, frente al de las anunciadas VIPP que podrán alcanzar los 2.142 euros por metro. «Agencia inmobiliaria» «Los promotores preferirán construir VIPP a hacer viviendas protegidas, sobre todo, porque la Junta, que se ha convertido en una mera agencia inmobiliaria, les garantiza además su compra si no las pueden vender», argumentó Cuenca para evidenciar el por qué de su rechazo a este modelo. Ante este panorama, tanto el PP como IU, creen que la solución pasa por ofrece a los promotores que tienen viviendas construidas y no las pueden vender su reclasificación como vivienda protegida, para así dar respuesta a quienes aguardan en una lista de espera el acceso a una casa a un precio asequible. Y así lo acordaron, trasladando esta propuesta al Gobierno regional. La visión desde las filas socialistas, por supuesto, nada tuvo que ver con estas exposiciones. El concejal de Vivienda opinó que tras el gran ciclo de expansión que se había vivido, el sector inmobiliario simplemente estaba ajustándose: «el mercado pronto estará menos dominado por especuladores y responderá a la demanda natural de quien quiere comprar una vivienda para vivir», declaró Moreno, quien añadió «no debemos asustar al comprador ni generar un clima de desconfianza». En Albacete, explicó, la situación de acceso a la vivienda «es menos mala» que en el resto de España, pues el precio del metro cuadrado es de 1.343 euros, frente a los 2.101 euros de la media nacional. Con todo, dijo, «no nos conformamos», de ahí que defendiese el nuevo Pacto por la Vivienda y la fórmula de las VIPP «que no van a sustituir a las viviendas de protección oficial, sino que se construirán además de éstas», opinó. Un Plan Económico No fue este el único asunto que suscitó la polémica en el pleno de ayer. La aprobación de un Plan Económico-Financiero para recuperar el déficit cero al que obliga la ley en el plazo máximo de tres años tras la petición de préstamos por valor de 39,8 millones de euros para financiar inversiones, reeditó una discusión ya mantenida entre el PSOE y el PP. El concejal de Hacienda, Antonio Martínez, volvió a explicar que la buena salud financiera del Ayuntamiento les permitía abordar esta ambiciosa operación de inversiones: por un lado, se pedirá un préstamo de 9.927.250 euros para completar las inversiones previstas en el Presupuesto de este año y, por otro, se suscribirá otro crédito de 30 millones de euros para financiar las obras que se pretenden llevar a cabo con la excusa del III Centenario de la Feria del 2010. Unas inversiones que «redundarán en beneficio del sector de la construcción», dijo el edil, tras recordar que de este préstamo saldrán los 12,5 millones que el Ayuntamiento debe aportar para cofinanciar el Plan de Barrios que se pondrá en marcha gracias al compromiso económico de la Junta, entre otras inversiones. Déficit cero El problema está en que la petición de estos créditos, por un valor total de 39,8 millones de euros, rompe con el déficit cero que los ayuntamientos deben cumplir por ley, pero el concejal de Hacienda aseguró que en sólo dos años, 2008 y 2009, el consistorio recuperará su equilibrio económico, gracias al «colchón» con el que afronta este plan, pues parámetros como su índice de endeudamiento están muy por debajo de los límites legales. Tras esta exposición, el concejal del PP, Juan Carlos López Garrido, puso en duda que estas inversiones vayan a sacar de la crisis al sector de la construcción «lo que de verdad les ayudaría es que agilizasen el desarrollo del suelo del Plan de Urbanismo», les dijo; e insistió en que el Ayuntamiento no tendría que endeudarse ahora si la Junta de Comunidades adelantase los 50 millones de euros que ha prometido para el Plan de Barrios, un adelanto que permitiría al consistorio ahorrarse el millón y medio de euros que este año va a pagar de intereses.