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Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer una resolución que insta al Gobierno central a adoptar las medidas necesarias para poner fin a la huelga indefinida de los trabajadores de la Administración de Justicia y que, tras ello, ponga en marcha planes para resolver los retrasos que ha provocado.

Esta resolución del PSOE fue aprobada sólo con los votos de esta formación, en un pleno en el que se debatía sobre la situación de la negociación del traspaso de las competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma. El grupo popular también había presentado una resolución en la que instaba a la Junta a pedir al Gobierno de la Nación que solucione el conflicto y a cerrar la negociación de las transferencias garantizando las reivindicaciones de los trabajadores, que llevan 52 días de huelga en las comunidades donde no se ha traspasado las competencias para reclamara que su sueldo se equipare con los de las regiones que ya gestionan la justicia.

Además, en la resolución del PP, que fue rechazada con los votos del PSOE, se pedía que, en el caso de que las transferencias se cerraran sin medios suficientes, el Gobierno regional se comprometa a garantizar la equiparación salarial de los funcionarios de justicia, así como que la Junta se obligue a respetar el acuerdo que alcancen Ministerio y trabajadores, si el traspaso de las competencias se cierra después.

En este sentido, la consejera de Justicia, Angelina Martínez, dijo que en estos momentos el acuerdo para que se transfieran las competencias de Justicia a Castilla-La Mancha está "a expensas" de que finalice la huelga de los funcionarios y a que el Ministerio acepte la reclamación de inversiones que hace la comunidad autónoma.

Martínez aseguró que la negociación técnica para el traspaso de esas competencias está finalizada y que sólo queda llegar a un acuerdo sobre el coste efectivo del traspaso, es decir, la cantidad anual que el Estado debe transferir a la comunidad autónoma por la gestión de la justicia y la cantidad para inversiones que la Administración estatal debe dar de una sola vez para paliar el déficit histórico que en infraestructuras tiene la región. En el pleno de ayer de las Cortes regionales se debatió también sobre las políticas de atención dirigidas a las personas mayores. El debate centró las intervenciones de los grupos parlamentarios en la Ley de Dependencia, puesta en marcha por el Gobierno central y a la que el PP criticó la falta de respaldo presupuestario.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, aseguró que el Ejecutivo nacional central ha puesto para su desarrollo este año un total de 871 millones de euros y señaló que en la región ya se han concedido 567 ayudas. Además, indicó que Ejecutivo regional destina todos los días más de 1 millón de euros para actuaciones para mayores.

Por otro lado, la diputada regional del PP, Encarnación Naharro, insistió ayer en que la reforma de la OCM del vino "ha resultado un rotundo fracaso" y se mostró "atónita" por la satisfacción mostrada por el Grupo Socialista tras la negociación. Naharro lamentó que el borrador de la nueva OCM del vino, no incluya muchas de las medidas aprobadas en el Parlamento regional por los dos grupos parlamentarios.

El socialista Antonio Salinas respondió a estas acusaciones aduciendo que la negociación de la OCM del vino "no ha sido ningún fracaso del Gobierno ni del conjunto del sector"."Ya han acabado las elecciones y no vale hacer catastrofismo", advirtió Salinas, quien puntualizó que el conjunto del sector está contento con los resultados.