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El juzgado ha archivado las diligencias contra el que fuera ex gerente de Sacyl, Pedro Antona, acusado por la Junta de favoritismos, irregularidades y malversación de fondos públicos, dos años y medio después de que iniciaran las investigaciones.

El anterior equipo de la Consejería de Sanidad envió a la Fiscalía, en enero del 2006, un informe en el que acusaba al que fuera responsable de la sanidad vallisoletana entre el 2002 y dicho año, ejercicio en el que se le exigió la dimisión, de haber detectado claros indicios de un delito penal en el presunto beneficio económico de unos hospitales privados supuestamente vinculados al entorno de Antona y en detrimento de otros.

El auto judicial resuelto ayer por el Juzgado de Instrucción número 2, sobresee el caso porque "no resulta justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa".

Analiza y descarta así el texto judicial, punto por punto, cada acusación formulada en base a un informe de la Inspección encargado por Sacyl y dado a conocer por el entonces consejero de Sanidad, César Antón, ahora responsable de Familia e Igualdad de Oportunidades, y por la que fuera gerente de Sacyl, Carmen Ruiz, actual secretaria general de esta última consejería el día 12 de enero del 2006.

Sacyl había recogido y hechas suyas las denuncias no formales ni firmadas, sólo verbales, de los anteriores dueños de la empresa Sanitaria de Inversiones, una UTE que sumaba Campo Grande y el hospital Felipe II, entre otros centros.

El juzgado rechaza en primer lugar una relación interesada entre Santiago Tobal, empresario de Quiromedic Consulting, y el entonces gerente de Salud, Pedro Antona. La acusación, una denuncia a la que además se sumó UGT, consideraba que el ex responsable de Sacyl favorecía al Sagrado Corazón y al Virgen de la Salud por su vinculación con Tobal. "Nada resulta acreditado", destaca el juez sobre la relación personal entre el empresario y Antona.

Tampoco considera probado que se impidiera a Sanitaria de Inversiones realizar las intervenciones de columna y rodillas presuntamente más lucrativas, sino que fue esta misma empresa las que las rechazó por complicadas. En cuanto al denunciado desvío de pacientes del Campo Grande al Sagrado Corazón, destaca el auto judicial que es lógico que los pacientes "siguieran" a los cirujanos dado que los dos especialistas que operaban estos procesos traumatológicos se habían ido de la UTE al Sagrado Corazón, según sus propias declaraciones, porque no querían intervenir en Campo Grande o Felipe II. Analiza también la resolución si las empresas ligadas a Tobal tenían o no información privilegiada para presentar su oferta a Sacyl y llevarse más operaciones. Destaca a este respecto que no puede deducirse de la documentación facilitada sospechosos desvíos de pacientes, pero que ello "tampoco sería constitutivo de infracción criminal".

En cuanto a la acusación del envío de usuarios de la pública a operarse al ya desaparecido sanatorio Virgen de la Salud, que no tenía firmado el contrato marco específico para reducir listas de espera pero sí uno hábil desde la época del Insalud, el juez estima que es satisfactoria la explicación de que operaron pacientes por la necesidad de afrontar una lista de espera sin resolver.

En cuanto a los presuntos sobreprecios de las prótesis para obtener ganancias supuestamente en detrimento de Sacyl, el auto destaca que el informe de control financiero de la Junta "no establece comparaciones ni perfecta correlación entre los precios facturados" por la privada y los públicos. Sin embargo, el informe pericial presentado por Tobal demuestra que al Hospital Clínico le costaban lo mismo las prótesis que las facturadas por los centros "vinculados" a este empresario y que, además, hay una gran variación según el tipo de implante. Respecto a los abonos, es decir, los descuentos de proveedores que benefician al empresario, el juzgado también considera probado que no repercutían en la factura de Sacyl y que forman parte del lógico margen empresarial.

Otra de las acusaciones es la presunta doble facturación, el juez destaca que lo importante es que la duplicidad de facturas era sobre el papel y no un doble coste, que no hubo desvío alguno de capital público. Tampoco en el pago a través de los hospitales, actuación anómala administrativa "para pagar deprisa", destaca, pero sin infracción criminal porque no hay pérdida económica para las arcas públicas. Por todo ello, acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. A este respecto, fuentes jurídicas consultadas destacan que lo habitual es no dictar un cierre definitivo en cualquier diligencia por si algún día aparecieran nuevos datos, es un "hábito judicial".