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El Consejo Económico y Social (CES) recomienda a la Consejería de Fomento clarificar y dar "suficiente difusión" a la existencia de los numerosos tipos de vivienda protegidas que hay en el mercado y "a los trámites, requisitos y ayudas" a las que pueden acceder los ciudadanos para que esos recursos públicos ganen efectividad.

El CES aprovecha el informe favorable que hace de la creación de una nueva figura de VPO, la de precio limitado para familias, para plasmar sobre el papel una recomendación que conoce por la experiencia propia del día a día. El organismo comparte inmueble con servicios de atención al público de la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid y su personal y los consejeros coinciden con ciudadanos que acuden a reclamar información para saber si pueden acceder a una vivienda protegida y se topan con numerosos tipos diferentes de ayudas y viviendas (rurales, jóvenes, concertadas, de precio tasado, para compra y para alquiler, etc.), situación que no ayuda a aclararles las ideas y optimizar el acceso a estos recursos, según se señaló ayer. "Aconsejamos la mayor simplificación posible de la información de los requisitos para cada tipo de vivienda", precisó José Luis Díez Hoces, presidente del CES, que apuntó la idoneidad de elaborar un "catálogo" para contribuir a la correcta información.

El organismo insta a la Consejería de Fomento que dirige Antonio Silván a ampliar por encima de los 15 años establecidos, el régimen de protección de la nueva vivienda de precio limitado para familias con la que se pretende, además, paliar el descenso de actividad en la construcción.

El consejo recomienda, también, en su informe, ajustar más el acceso excepcional a viviendas de hasta 240 metros cuadrados que accederían a ayudas públicas bajo la protección de esta figura. "Sería preciso que una familia llegara a 13 hijos para alcanzar esa superficie", precisa el texto, sobre el que Díez Hoces puntualizó que "es difícil hallar familias así en Castilla y León, por lo que estas viviendas se destinaría finalmente a hogares con tres, cuatro o cinco hijos". El CES quiere cerrar flecos en torno a pisos y casas con una superficie poco común que tendrían un precio bastante asequible.

Los promotores de este tipo de viviendas deben construirlas en suelo libre, que no sea de la reserva de VPO. El constructor edifica en su suelo, ajusta su margen de ganancia y la Consejería de Fomento le garantiza a cambio algo que empieza a escasear: compradores. Es el principio básico de esta nueva variedad de VPO, de la que el CES considera acertado que esté abierta a familias de castellanos y leoneses residentes en el exterior, lo que puede facilitar su retorno. El pleno del Consejo Económico y Social abordó ayer este informe, junto con el del Plan Regional de Residuos de la Construcción y la Demolición y también el trabajo de mayor envergadura que redacta el organismo cada año, que es la radiografía de la situación socioeconómica de la comunidad con arreglo a los datos del 2007.

Unos datos que constatan un menor crecimiento de la economía que la media española, pero mayor que la europea, un frenazo en el consumo de los hogares de la región, una excesiva dependencia del sector agrario conjugada con un menor espíritu emprendedor y una industria muy dependiente de la automoción y tasas de empleo y actividad y cobertura por desempleo que son las más bajas del país.

El informe incluye un capítulo nuevo con respecto a los anteriores que aborda la atención a las personas que no pueden valerse y que constata el retraso de la comunidad en la aplicación de las medidas previstas de la Ley de Dependencia. La "fotografía" socioeconómica de Castilla y León supone una costosa labor para un organismo que cuenta con 17 trabajadores y que tropieza en múltiples ocasiones con la demora de los departamentos públicos,-sobre todo en la Junta, que es la que más suministra- en remitir los datos solicitados, según se puso de manifiesto en el pleno.

Los consejeros del CES aprobaron por unanimidad el borrador de su presupuesto para el próximo año que remitirán al Gobierno regional y que alcanza los 2,17 millones de euros. El documento contempla una subida del 3,83 por ciento sobre la partida de este ejercicio y recoge el incremento anual del sueldo de altos cargos a la espera de que se concreten las medidas de congelación salarial que se acordaron en el reciente Debate sobre el Estado de la Región.

Todo lo que se debatió ayer en la reunión del Consejo Económico y Social, organismo en que se sientan sindicatos, empresarios, dirigentes agrarios, de consumidores y de cooperativas y expertos propuestos por el Gobierno autonómico de Juan Vicente Herrera, salió por unanimidad.