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El presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE), Prudencio Prieto, manifestó ayer su asombro tras conocer la tasa de 0,145 euros que el Ayuntamiento de Valladolid ha fijado a los vehículos que entren a partir de hoy en cualquiera de los seis estacionamientos públicos diseminados por la capital a raíz de la entrada en vigor de las nuevas tarifas interpuestas desde la nueva Ley del Consumidor.

En este sentido, Prieto calificó de "desafortunada" la decisión del Consistorio por suponer un "enriquecimiento ilícito" que va en contra del artículo 51 de la Constitución Española, en el que se señala que los poderes públicos "garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios", protegiendo los legítimos intereses económicos de los mismos.

Al hilo de esto, el responsable regional de la UCE explicó que encargará a una asesoría jurídica que estudie la legalidad de este nuevo coste de permanencia en los aparcamientos públicos de la ciudad. Si el informe que emita es desfavorable, este organismo instará al Consistorio vallisoletano a que "recapacite y retire" las tasas aprobadas ayer en la Junta de Gobierno.

La Unión de Consumidores, apoyándose en la Ley de Mejora de la Protección de Consumidores que el Parlamento aprobó en noviembre del año pasado para reclamar que un operador no pueda cobrar un servicio que no haya prestado, solicitará el próximo lunes 3 de septiembre, a la Junta de Castilla y León que "haga un barrido" por todos los aparcamientos públicos de la región para asegurarse de que se ajustan a la nueva normativa.

Respuestas dispares

Como base para tal petición cuentan con las respuestas tan dispares que las distintas administraciones locales españolas han aportado a la ley. Hay estacionamientos, como el de Gijón -de él dependen 5.000 plazas de aparcamiento-, que han realizado la "simple operación de dividir el coste de una hora entre sus minutos", apuntó Dacio Alonso, portavoz de la UCE. En el otro extremo se encuentra la ciudad de Toledo, que mantiene una cuota inicial de 50 céntimos. Desde la UCE se insistió en que si este consistorio no se adecúa a la normativa vigente, "los denunciaremos y pondremos en evidencia que funcionan como una empresa privada".