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"No se trata de un supuesto de asistencia sanitaria urgente, inmediata no de carácter vital". Esta es la razón por la que la Gerencia de Salud de Zamora le deniega a M. C. V., una paciente con esclerosis múltiple, el reintegro de los 88 euros que le costó el traslado en ambulancia desde su domicilio en la capital hasta el centro base de atención a discapacitados y regreso. Una segunda reclamación dio el mismo resultado, ya que el interesado "no adjunta documentación que haga variar la decisión anterior", aunque esta vez la Gerencia le comunica que puede recurrir al Juzgado de lo Social para reclamar los 44 euros de ida y la misma cantidad de vuelta.

Es el esposo el que denuncia públicamente esta situación, ya que la paciente, de 53 años y con esclerosis múltiple desde hace ocho, no está en condiciones de hacer reclamaciones. De hecho, no puede hacer prácticamente nada. Prueba de ello es que la propia Gerencia que considera que la ambulancia no es de carácter vital le ha reconocido un 82por cien de discapacidad. Este reconocimiento fue el origen de la paradójica situación.

Esta mujer y su esposo están entre las 1.638 personas que han solicitado acogerse a la nueva ley de dependencia. Para ello, le pidieron que se presentara en el centro base con el fin de hacerle la evaluación a M. C. V., quien ya tenía reconocido más del 70por cien de incapacidad, pero que necesitaba que se actualizara su grado de invalidez.

El marido solicitó al médico del centro de salud Santa Elena un volante para la ambulancia y se lo extendieron, pero no le sirvió de nada; tuvo que pagar la ambulancia, para sorpresa incluso de los técnicos y conductor que conocen a la paciente porque la misma sanidad pública sí le ha asignado ambulancia para su traslado diario al hospital para rehabilitación, con dos personas que le suban al vehículo porque ella no puede. La Gerencia, sin embargo, considera "fuera del sistema nacional de salud, de acuerdo con el informe de Inspección médica" el uso de la ambulancia para trasladarse al centro base, que depende de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El esposo no oculta su indignación por esta negativa a reembolsarle el coste del transporte sanitario y más por que le remitan al juzgado, lo que le supondría un gasto sólo en abogado y procurador mucho más elevado que lo que reclama por la ambulancia.

Subraya que fue la Administración quien le pidió que se desplazara al centro base y, para colmo, que nadie le informó de que, dado el grado de incapacidad de su esposa, tenía derecho a que el equipo de evaluación se trasladara a su domicilio. "Cuando ya estábamos en el centro base una persona me dijo: Podíamos haber ido a su casa", explica. En medio del desánimo por la falta de ayudas para situaciones como la suya, el esposo se queja, además, de la falta de información y argumenta que en vez de la carta de cita, se le podía haber mandado una en la que le dijeran que se desplazarían a su casa.