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La polémica sigue encendida. Los abogados de Miranda han acordado intensificar las medidas de protesta contra el traslado de los juicios penales a Burgos después de que, hace escasamente una semana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se negase a recibirles durante una visita rutinaria de inspección al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de la ciudad. Persistirán con las medidas planteadas ya desde febrero en el Turno de Oficio. Sólo habrá, por tanto, servicios mínimos. Pero además, preparan una campaña de escritos con destino al Consejo General del Poder Judicial con la que pretenden implicar a toda la ciudadanía.

La realización de ambas medidas se formalizó tras la reunión que siguió al "desplante" del máximo responsable del TSJ en la región. Fue hace escasamente una semana cuando un grupo de 25 abogados se concentró a las puertas de los juzgados con intención de expresar personalmente sus quejas. Pero no fueron recibidos, algo que el área de Comunicación del Tribunal justificó en la negativa a plegarse «a un intento por forzar una reunión, puesto que no estaba prevista».

Aquella situación causó malestar e hizo, aparentemente, más profundas las diferencias que separan a las partes. «Al estar en el Turno de forma obligatoria, sólo realizaremos aquello que se nos impone», subrayó Paloma Sobrón, portavoz del colectivo de abogados. El efecto de esta actitud no es, en principio, tan contundente como el que se produjo a principios de año.

Entonces, y a raíz de la decisión adoptada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de trasladar los juicios penales a Burgos, los profesionales que integraban la lista en la que voluntariamente se inscribieron para la asistencia de guardia, decidieron «borrarse» y, por tanto, no realizar esa labor. Aquello motivo «serios problemas» de bloqueo en la propia operatividad de la Policía Nacional.

«Ahora la acción se limita a cumplir con lo que se nos obliga. No tenemos un margen de maniobra tan amplio», se asegura. La otra vía de escape; el otro conducto elegido para la protesta, con el que evitar así que se "aplaque" la intensidad del problema es el Consejo General del Poder Judicial. Hasta la fecha las quejas que a él se han derivado son puramente profesionales. Pero se pretende ir más allá «porque este no es ni con mucho un problema solamente nuestro». La idea es copiar los formularios de queja «y, simplemente, rellenar los datos de cada particular para poderlos presentar. Sería una especie de recogida de firmas pero de forma oficial».

La idea es extender esta medida por la ciudad, dejando los formularios en puntos distintos (no sólo en los juzgados) «con idea de que se implique mucha gente. Algo que esperamos que suceda porque no podemos quedarnos solos. Nos afectas a todos, cualquiera puede ser testigo o imputado, etcétera». Se asume, en cualquier caso, que en la comparación con acciones similares planteadas en al ciudad, la repercusión será previsiblemente menor «porque no podemos esperar que este tema tenga la misma repercusión que uno de sanidad, por ejemplo», plantea Sobrón.

Pese a que la imposición de llevar los juicios de Penal a Burgos se hizo extensiva también en Aranda, los abogados de esta población no parecen mantener ninguna acción de protesta en este sentido. Existe, por el momento, la postura contraria y oficial que el ayuntamiento ribereño expresó en febrero durante una reunión con el presidente del Colegio de Abogados de Burgos, Pablo Hernando y representantes del TSJ, a la que asistió también el alcalde de Miranda, Fernando Campo.

La medida, rechazada también por acuerdo plenario en la ciudad, no cuenta siguiera con la comprensión de los titulares de los juzgados mirandeses. «Las juezas elevan sus quejas sobre este tema yo creo que cada semana, pero tampoco parece haber una reacción». Y lo mismo sucede desde la Policía Nacional, a la que se ha autorizado el uso de videoconferencia de forma continuada para evitar los desplazamientos y dejar "en cuadro" una Comisaría con un alto índice de traslados.

Si los números son los que sustentan la decisión del TSJ de Castilla y León -en su momento se hizo referencia a apenas 175 vistas en dos años-, a los abogados de Miranda no les cuadra la situación que existe en Cervera de Pisuerga.

Si los números son los que sustentan la decisión del TSJ de Castilla y León -en su momento se hizo referencia a apenas 175 vistas en dos años-, a los abogados de Miranda no les cuadra la situación que existe en Cervera de Pisuerga.

Allí, con sólo un juzgado, difícilmente puede superarse la estadística planteada para Miranda. Pero sí hay una diferencia: celebra juicios penales. «Y el juez de lo Penal de Palencia debe estar reclamando lo mismo que ha sucedido aquí con Burgos, pero se le deniega de forma sistemática», zanja la portavoz de los abogados.