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La empresa UFC-Begar está dispuesta a llevar a los tribunales al Ayuntamiento por incumplimiento del contrato suscrito por el anterior equipo de Gobierno del PP para la construcción del nuevo edificio municipal, una operación de arrendamiento con derecho a compra que la actual Corporación municipal considera nula de pleno derecho.

Fuentes de la empresa indicaron ayer que no se ha conseguido llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento ni han recibido propuesta de indemnización o compensación. Sostienen que se adquirieron los solares de la calle de la Reina expresamente para ese fin y que en la actualidad "y tal y como está el mercado con la crisis, el perjuicio económico es muy importante". Además, recuerdan, "está el proyecto", que costó 300.000 euros.

En la comisión de Economía y Obras programada para mañana los portavoces debatirán sobre los informes técnicos realizados por el secretario, el interventor y el departamento de patrimonio y decidirán sobre el dictamen que se llevará al pleno del próximo día 8 de julio.

En estos informes, indicó el portavoz de IU, Francisco Guarido, no se cuantifican posibles indemnizaciones, pero en el del secretario sí se indica que "se debe armar el expediente de manera solvente para poder tener garantías de cara a posibles acciones de UFC, para que tenga éxito el informe del Consejo Consultivo o si se deriva al Juzgado de lo Contencioso-administrativo".

Para Guarido, los informes técnicos son complementarios, aunque difieran en la forma y unos funcionarios sean partidarios de la anulación y otros de la anulabilidad del contrato. "El fondo es el mismo, rescindirlo, porque se considera que la operación se suscribió saltándose lo que se aprobó en el pleno, el pliego de condiciones y los informes técnicos en contra". IU se abstendrá en la votación cuando el equipo de Gobierno del PP pida el apoyo a la anulación.

Como Guarido, el portavoz del PSOE, Carlos Hernández, sostiene que esta operación de 50 millones de euros tiene, al menos, dos responsables, el ex alcalde y actual diputado del PP, Antonio Vázquez, y el ex edil Ángel Macías. "Vamos a pedir responsabilidades políticas y personales de los que firmaron el contrato o delegaron y a tratar de que al Ayuntamiento no le cueste nada", indicó Hernández. Además, recuerda, no sólo iba a construirse el edificio municipal, sino también la casa museo de León Felipe.

Miguel Ángel Mateos, de Adeiza, afirmó que es partidario de la anulación desde el principio "y no el PP, que lo hubiera llevado a término si no nos oponemos", remachó.