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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha dado por cumplida y ejecutada la sentencia sobre Lingotes Especiales y ha confirmado la legalidad de su actividad al acreditar la empresa la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 19 de diciembre del 2007, por la que se le concede autorización ambiental para la fundición de metales ferrosos en su fábrica.

De esta forma se revoca la orden de clausura de Lingotes que le fue instada con anterioridad al Ayuntamiento ya que, según la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, es la Consejería de Medio Ambiente el órgano competente para conceder este tipo de autorizaciones, y no los ayuntamientos.

El Juzgado entiende así que las instalaciones de Lingotes Especiales tienen la pertinente autorización, como se ha podido documentar, y da el asunto por cumplido. El auto responde a la petición presentada por Ecologistas en Acción para que se ejecutaran las sentencias del propio Juzgado y del TSJ de Castilla y León que anulaban las licencias de obra y actividad clasificada, concedidas por el Ayuntamiento de Valladolid en el 2001 a la citada fábrica.

El presidente de Lingotes, Vicente Garrido Capa, expresó ayer su satisfacción por la sentencia que, a su juicio, corrobora la existencia de la autorización y que, desde ese punto de vista, «estábamos tranquilos». Garrido no quiso entrar a valorar la actitud de los denunciantes, «porque se han dicho cosas que no son ciertas y no quiero entrar en polémica, ni contestar a las denuncias porque el tiempo es el que quita o da la razón», concluyó el presidente de Lingotes, quien da por concluida esta fase, al margen de que Ecologistas en Acción recurra a instancias superiores.

Sin embargo, para este colectivo, «el juez se declara incompetente para valorar si la autorización ambiental otorgada por la Junta se ha dictado con la finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias anulatorias de las licencias». De este modo, considera que se produce un cierre en falso a la polémica sobre la legalidad de la fábrica, «resultado del trato de favor que ha recibido de la Junta y del Ayuntamiento», dicen en un comunicado

Por ello, los ecologistas vuelven a reclamar a la Junta que modifique la autorización ambiental «estableciendo medidores de la contaminación de partículas, metales pesados y ruido en los barrios de Fuente Berrocal y Fuente el Sol». Desde este colectivo se aseguró ayer que por el momento no han decidido si optarán por un recurso administrativo contra la autorización ambiental o contra la última resolución dictada por el juez - disponen de quince días para interponer recurso de apelación- «o por ambas a la vez».

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, mostró su satisfacción por la sentencia, aunque matizó que si la Orden es cuestionable no es una cosa que debe juzgar él.