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Aproximar a los municipios que presentan un mayor crecimiento poblacional y urbanístico los criterios de calidad de vida y desarrollo sostenible que impulsa la política urbanística de la Junta de Castilla y León fueron los objetivos de la reunión que el director general de Urbanismo y Política de Suelo, Ángel Marinero, celebró ayer en Segovia con los alcalde de doce localidades segovianas. De aquellas situadas en la franja de entre dos mil y los veinte mil habitantes, que son las que en los últimos años han experimentado un más importante desarrollo urbanístico y un más llamativo incremento de población.

Así, fueron citados los alcaldes de Cuéllar, El Espinar, San Ildefonso, Cantalejo, Palazuelos de Eresma, Nava de la Asunción, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia, Carbonero el Mayor, Riaza y Coca, además del de Torrecaballeros, municipio que pese a no sobrepasar los dos mil habitantes ha conocido un incremento poblacional del 134% en los diez últimos años, razón por la que «ha sido invitada por propio derecho», en palabras del director general.

De esta forma, la implicación directa de la Junta se circunscribe en esta materia a los que presentan un mayor crecimiento y que son, además, aquellos que se presume que seguirán aumentando en suelo urbanizable, vivienda y población en los próximos años.

Es el caso de los doce de que fueron citados a la reunión de ayer, cuyos habitantes suman casi el 30% del total de la provincia tras haber experimentado en su conjunto, en los diez últimos años, un crecimiento poblacional del 31,64%.

Marinero expuso a los regidores las tres líneas básicas de actuación de su departamento que son la regulación, la actuación urbanizadora y la información.

Sobre la primera cuestión recordó que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado recientemente el anteproyecto de Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que está pendiente de aprobación definitiva por las Cortes de Castilla y León.

Según explicó, esta nueva normativa se marca como objetivos reforzar los instrumentos de apoyo a la política de vivienda, profundizar en la exigencia de calidad de vida y mejorar los procesos de información pública y administrativa, lo que pasa por mejorar los mecanismos de coordinación entre las administraciones y por simplificar la normativa para hacerla más ágil y eficaz.

«En definitiva -dice la nota distribuida ayer por la Junta- desplegar una política urbanística activa al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, creando suelo suficiente y adecuado para la construcción de viviendas protegidas y asegurando los equipamientos, servicios y espacios libres necesarios. En dos palabras: hacer ciudad».

En cuanto a la actuación urbanizadora, se pretende incrementar los niveles de suelo destinado a vivienda protegida. De hecho, la Ley prevé la creación de diversas áreas de actuación prioritaria en los municipios en las que, al menos, se gestionará el 50% a este tipo de viviendas, cuyo protagonismo se quiere relanzar en consonancia con parámetros de calidad urbana, desarrollo sostenible y concurrencia pública.

Por último, y respecto de la información, la Dirección General de Urbanismo y Planificación de Suelo entiende que la herramienta básica de trabajo es la cartografía, por lo que uno de los objetivos esenciales de los próximos tres años es el desarrollo de la cartografía básica de escala 1/5.000 hasta completar la totalidad de la superficie de Castilla y León, así como producir cartografía urbana a escala 1/1.000 para todos los núcleos de población en colaboración con las diputaciones provinciales.